El escenario buscado

El gobierno entregó los primeros números del Presupuesto 2019 de acuerdo a lo estipulado con el FMI: una inflación para diciembre de 2019 del 17%, un crecimiento del PIB del 2% y tipo de cambio flotante.
Si bien falta lo esencial, en qué sectores se va a recortar el gasto, los datos brindados permiten una primera lectura interesante. Por un lado, el crecimiento del 2% del PIB aparece como muy optimista para el ajuste que se va a aplicar. Lo cual entraña todo un problema, porque si el crecimiento es menor, menores serán los ingresos y, por lo tanto, hay posibilidades de que el ajuste total en 2019 termine siendo superior al proyectado en el Presupuesto.

Cabe recordar que el Presupuesto 2018 «de las cifras verdaderas», como se lo definió desde el oficialismo, mostró graves desvíos en las variables proyectadas. Este año el crecimiento esperado del 3,5% del PIB terminaría en un 0,5%, según las recientes proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA (REM). La inflación, proyectada para cerrar en el 10% en diciembre de 2018, llegará al 30%, también según el REM. El déficit comercial (exportaciones menos importaciones de mercancías) se proyectó en U$S 5600 millones para todo el año, cuando las estadísticas del Indec marcan un déficit de U$S 4691 millones para los cinco primeros meses de este año. Pareciera que en lo único que van a cumplir es en las metas de déficit fiscal, desde junio monitoreadas por el FMI.

Un resultado perseguido por el gobierno

Desde el inicio, el gobierno de Mauricio Macri se planteó avanzar en un ajuste, aunque con un enfoque marquetinero lo llamó «gradualismo». No obstante, ese «gradualismo» no llegó a obtener la desinflación propuesta (a pesar de altísimas tasas de interés), generó fortísimos aumentos en las tarifas de servicios públicos y generó un endeudamiento que lo ubicó en el podio mundial. Sumado a la desregulación y liberalización de las variables de comercio exterior y los flujos financieros, la volatilidad de la economía se elevó al máximo, y derivó en la «inestabilidad cambiaria y macroeconómica» de este año (así la define el BCRA en su último Comunicado de Política Monetaria).

Ante esta complicada situación, la opción fue una fuga hacia adelante: solicitar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esa forma, el organismo multilateral avalaría los planes del gobierno argentino, y se convendría una supervisión del FMI por 36 meses como mínimo: toda una garantía para continuar con el modelo neoliberal que fomentan los grandes grupos empresarios que avalan el gobierno de Macri. También es un gran condicionamiento al gobierno que surja de las próximas elecciones, más allá del color político que tenga. 

De esta forma, creen tener vía libre para el ajuste, y ante cualquier tensión que éste genere argumentarán que son imposiciones del FMI. Si no se cumplen, dirán, la economía colapsará.

Por eso Macri afirma: «Cuando prometemos que vamos a achicar el problema del déficit, que el mundo, los mercados lo discuten, les decimos «sí, lo vamos a hacer»». En la misma sintonía, el ministro Nicolás Dujovne se comunicó personalmente con los principales fondos de inversión de Wall Street para ratificarles que el gobierno va a cumplir con las pautas fijadas en el acuerdo con el FMI. 

El fin de semana pasado trascendió que el presidente Macri habría llamado a Christine Lagarde, directora gerente del FMI, para pedirle cierta flexibilidad, el primer waiver, es decir, el primer perdón. El gobierno está aceptando que ha entregado buena parte de las decisiones que le competen a la revisión permanente del FMI, que tendrá que ir aprobando y decidiendo si el gobierno hace bien los deberes o no.

El primer escollo a resolver es el Presupuesto 2019, para el cual necesitan el apoyo de una parte importante de la oposición. Se trata de condicionar al sector que los funcionarios del gobierno siguen llamando peronismo racional, para que los acompañe en la sanción del Presupuesto con los números del Fondo. Una tarea no sencilla, puesto que el Presupuesto viene con un fuerte ajuste, y aprobarlo tendría un costo político importante. Ante la probabilidad de no poder darle sanción, se comenta que el gobierno ya trabaja con la posibilidad de prorrogar el Presupuesto 2018. Un presupuesto fijado antes de la inflación del 30% que se espera. Sin duda, no sería una buena noticia para los gobernadores: esa eventual prórroga es otra de las presiones que impone el gobierno. 

El ajuste funciona si produce un cambio en los precios relativos. Por un lado, en los ingresos de la población que dependen directamente del gasto público. La reducción, ya se sabe, afectará a los salarios de los empleados públicos, y seguramente a las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Paralelamente, las empresas prestadoras de servicios públicos, así como las energéticas, las que poseen precios liberados, los grandes grupos formadores de precios y las que producen bienes comercializables en el exterior, que ajustan sus precios y rentabilidad por el dólar, son las que llevarán el menor costo. Un ejemplo son las expresiones de Paolo Rocca, titular del grupo Techint: «Con la devaluación ganamos competitividad inmediata», aunque aún «hay que asegurar una mejora de la productividad». En ese entorno, los salarios más baratos (en pesos y en dólares) mejoran la ecuación rentable de los grandes grupos económicos, en especial los exportadores.

A medida que la economía se achica, crece el desempleo y los salarios van perdiendo poder adquisitivo. Ya lo vivimos en otras oportunidades.

Los recientes datos del Índice Construya, una estimación privada de las empresas de la construcción, vienen dando caídas desestacionalizadas del -5,0% en mayo y del -9,1% en junio. La producción de asfalto se redujo estrepitosamente en mayo de este año a valores de mayo de 2016, cuando la obra pública estaba parada.

Son consecuencias directas del frenazo en la obra pública derivado del ajuste que se está llevando a cabo este año, y que tiene también un correlato en la ocupación de la mano de obra y los salarios. 

Ni hablar de la caída en la producción y ventas de automotores en junio y otras tantas actividades que están sufriendo la aguda recesión instalada a partir del segundo trimestre de este año, y que seguramente continuará en los dos trimestres siguientes. Los propios funcionarios del gobierno reconocieron que el «segundo semestre» sería problemático. Por su parte, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, sostuvo que «la recesión durará hasta mayo de 2019». Sin duda, una estimación que alarga la recesión, aunque el ajuste previsto de ninguna manera garantiza que a partir de junio de 2019 se recupere la economía. ¿De dónde saldría ese impulso de crecimiento? El mercado interno estará probablemente muy deprimido. Puede que haya una buena cosecha, pero no alcanzaría para revertir la situación.  

En este contexto, el próximo año habrá elecciones presidenciales. La única forma de escaparle al FMI y al ajuste es persiguiendo un modelo totalmente distinto. Una propuesta que contenga una plataforma electoral que reinstale la importancia del Estado en la definición de una economía, que fomente el empleo junto con la distribución equitativa del ingreso, y prometa lidiar con los condicionantes que intentará imponer el FMI. «