El Estado acató una orden de la CIDH y se reconoció responsable por el secuestro y torturas a un trabajador de Ford

Se firmó un acuerdo en concepto de “reparación por la falta de justicia” que sufrió Pedro Troiani en marzo de 1976, cuando estuvo cautivo en las instalaciones de la empresa y luego fue despedido sin indemnización.

El Estado argentino firmó hoy un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en concepto de «reparación por la falta de justicia» que sufrió el trabajador Pedro Norberto Troiani, de la empresa Ford, quien fue secuestrado y torturado en marzo de 1976 en las instalaciones de esa automotriz y luego despedido «sin posibilidad de indemnización».

El acto se realizó en el salón Rodolfo Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, y contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien estuvo acompañado por Elisa Charlin de Troiani y Marcelo, viuda e hijo de Pedro Troiani, y Tomás Ojea Quintana, su abogado.

Entre los invitados a la ceremonia estuvieron familiares y allegados de Troiani, sobrevivientes de la causa «Ford» e integrantes de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica de la Secretaría de Derechos Humanos.

«Hacer este acto sin la presencia de Pedro, que lamentablemente no está más con nosotros, nos deja un sabor amargo, pero a la vez es una alegría porque nos brinda la posibilidad de reparar lo que en tantos años de democracia no se pudo lograr», afirmó Pietragalla en el inicio de su intervención, según se informó en un comunicado.

Para Pietragalla, «esta firma es un reconocimiento a su lucha y compromiso, y en su figura a la de sus compañeros y todos los trabajadores y trabajadoras organizados que fueron perseguidos por defender sus derechos». El funcionario adelantó que en marzo próximo se realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad con la participación de otros actores institucionales.

De esta manera, la Secretaría da un paso fundamental para avanzar en la determinación de la responsabilidad de empresas y empresarios en articulación con las fuerzas armadas y seguridad, en procesos represivos contra trabajadores y sindicalistas durante la última dictadura en Argentina.

«Este eje es una prioridad en el plan estratégico de juicios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está llevando adelante un trabajo articulado de diversas áreas y equipos para el avance en esta problemática central», según consignó el organismo.

A fines de marzo de 1976, a pocos días del golpe militar, Pedro Troiani, trabajador y delegado gremial de la empresa Ford Motor Argentina, fue detenido dentro de la fábrica junto a un grupo de compañeros. En los quinchos del mismo predio fue sometido a torturas y luego fue privado ilegalmente de su libertad hasta el 23 de mayo de 1977.

«Mientras permanecía secuestrado fue despedido por la empresa, sin derecho a indemnización y al recuperar su libertad se vio impedido de reclamar sus derechos por temor a represalias, ya que aún el país estaba en dictadura. Años más tarde, su reclamo en la justicia fue desestimado por entenderlo prescripto», indicó la Secretaría de Derechos Humanos sobre el caso.

En 1992, Troiani denunció ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado argentino por la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial.

En 2020, la Secretaría de Derechos Humanos inició un diálogo con sus representantes legales con el objetivo de alcanzar una solución amistosa en el trámite internacional.

El 23 de marzo de 2021, la CIDH determinó que el Estado argentino es responsable por haber negado a la víctima el acceso a la justicia sobre los delitos denunciados y ordenó la realización de una serie de acciones de reparación que fueron acordadas entre la Secretaría de Derechos Humanos y el propio Troiani, quien falleció el 1 de agosto de 2021, pero tuvo participación en el trabajo previo al acuerdo alcanzado.

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