“El Estado argentino es responsable”

La APDH reclamó a los tres poderes que cumplan con las recomendaciones del Relator sobre Tortura de la ONU, que el viernes concluyó su visita con un duro informe sobre la situación de las cárceles y lugares de encierro en el país. Entre otras, cosas pidió poner límite a las preventivas.

A través de un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, reclamó al Estado Argentino el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Niels Melzer, entre ellas, la de impedir el uso de la prisión preventiva de manera generalizada.

El Relator contra la Tortura de la ONU difundió el viernes pasado las conclusiones preliminares de su visita oficial al país, realizada entre el 9 y el 20 de abril, después de recorrer barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, comisarías, cárceles, institutos de menores y hospitales neuropsiquiátricos de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, y Formosa.

Este lunes la APDH consideró “imprescindible difundir el Informe del Relator, pues describe muy detalladamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado Argentino e insta a las autoridades a poner remedio a las mismas”.

En ese camino, el organismo adelantó que reclamará a las autoridades de los tres poderes del Estado la lectura del documento realizado por Melzer y “la adopción de las medidas solicitadas, entre ellas impedir el uso de la prisión preventiva de manera generalizada, e incluso al poder Judicial, abstenerse de seguir ingresando personas al sistema carcelario sin que ello fuera impostergable”.

El documento realizado por el especialista suizo declara que “la Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Ese es su párrafo final, que concluye: “No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”.

En un encuentro consultivo con organismos de derechos humanos, realizado el 8 de abril pasado, María Elena Naddeo y Eduardo Tavani, integrantes la Mesa Directiva Nacional de la APDH, presentaron a Melzer denuncias sobre situaciones degradantes en el penal de mujeres de Ezeiza, así como la detención seguida de muerte de la maestra María de los Ángeles Paris en la Comisaría 14 de Rosario; denuncias sobre la situación grave de salud de Mirta Guerrero en la Cárcel del Alto Comedero en Jujuy y diversas situaciones de tortura contra la comunidad mapuche y en particular hacia Facundo Jones Huala en Esquel, provincia de Chubut.

Por ello, para la APDH el Informe del Relator “cumple acabadamente con las expectativas sobre su misión, pues ha realizado una descripción exhaustiva del accionar represivo de las fuerzas de seguridad y de las aberrantes condiciones de detención en cárceles, así como la bochornosa e inhumana situación de algunos establecimientos psiquiátricos de los que pide el cierre inmediato. Realizó su informe luego de recorrer las instituciones y conocer y conversar con las propias víctimas”, indicaron.

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