El estado otorgó pauta al ex Grupo 23 durante el vaciamiento

El Estado Nacional otorgó pauta publicitaria a los medios abandonados por el Grupo Szpolski al menos hasta junio de 2016, según informó la Secretaría de Medios de la Nación al Congreso. A su vez, también pagó a bancos y financieras la «pauta cedida» por las empresas del ex grupo de medios.

Las sociedades del empresario vaciador siguieron recibiendo órdenes de publicidad del Estado por lo menos hasta mitad de este año de manos de la Secretaria de Medios de la Nación a través de las sociedades anónimas Balkbrug (Tiempo Argentino) y Desup (Radio América). En total el entramado de testaferros y firmas ligados a Szpolski obtuvo órdenes de avisos por 7.244.655 del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri. Desde gobierno señalaron que se trató de pauta destinada a cubrir deudas impositivas de la empresa, debido a una ley que habilitaba a canjear avisos por cargas provisionales impagas. Lo curioso es que las órdenes se emitieron cuando ya era pública la situación de abandono patronal, tanto en el diario Tiempo Argentino -que la empresa discontinuó en febrero para volver en marzo bajo su actual formato cooperativo-, como en Radio América, que se mantuvo en silencio durante varios meses hasta que los trabajadores ejecutaron una programación de emergencia. En ese sentido, los voceros oficiales argumentaron que, aún cuando no se emitiera, la pauta se ordenó igual para cubrir el canje impositivo. Y que las órdenes no implicaron desembolsos en favor de la patronal vaciadora.

Según consta en el informe presentado ayer por el diputado Remo Carlotto, en el primer semestre el Grupo Clarín fue el más beneficiado con el 17,93% de la pauta – unos $ 143.797.764 pesos-, le sigue el Grupo Indalo, muy por debajo, con el 8,39% -$ 67.253.208-, y en tercer lugar se encuentra el grupo Olmos con el 5,79% -$ 46.397.628-. El Grupo 23, que no cuenta con medios que sustente mensualmente ya que dejó de cumplir con sus obligaciones en diciembre pasado, figura en el lugar 18.

Otro de los datos que se desprende del informe es que el Grupo 23 cedió el 52,8% de toda la pauta que las distintas empresas derivaron a terceros. Es decir: de un total de $28.132.115,57 pesos cedidos por todos los medios, Szpolski vendio a distintos bancos $14.854.533,39 durante su gestión como empresario de medios. 

Los beneficiados por la cancelación de la deuda por parte del Estado fueron los bancos Macro, Meridian, Credicoop y Mariva. A su vez, otros compradores de acreencias son Nacion Factoring, Unicred Ltda, y la propia Radiodifusora Buenos Aires, que es también propiedad del Grupo 23, o sea que las firmas de Szpolski figura en su doble calidad de proveedor y cesionario.

 Si bien Szpolski fue citado por el diputado nacional (FpV) Remo Carlotto ya dos veces a pedido de los trabajadores del Grupo 23, que dejaron de cobrar sus sueldos en diciembre de 2015, nunca concurrió a dar explicaciones. Ayer solo mandó una carta en la que “declinaba amablemente la invitación”. Es por eso que los diputados de la comisión volverán a citarlo una tercera vez. 

Además, anunciaron que se presentarán como amicus curiae en las causas judiciales que llevan los trabajadores en contra del vaciador. Según dio a conocer hoy el diputado presidente de la comisión de libertad de expresión, Remo Carlotto, el Grupo 23 y el grupo Indalo son quienes más cedieron pauta a terceros. “Las atribuciones que tiene esta comisión son realizar invitaciones a ciudadanos quienes están en su derecho de declinarlas. Esto es una señal de fuerte preocupación por la situación de orfandad y al apoyar el proceso de recuperación de cada uno de los medios, buscamos hacer un acompañamiento para que puedan garantizar su reconversión”, alegó Carlotto.  

Por su parte, la diputada massista Cecilia Moreau reclamó saber quién es el dueño del inmueble de la planta transmisora de Radio América y por qué no quedó acreditada la venta de los medios a Mariano Martínez Rojas. Alejandro Grandinetti, también del Frente Renovador, pidió citar al ministro de Trabajo Jorge Triacca, ya que argumentó que “como funcionario público sí está obligado a concurrir para que dé explicaciones sobre su accionar sobre el otorgamiento de subsidios”.