El Estado para el bien común

Para el neoliberalismo la figura del Estado podemos decir que simboliza al enemigo, porque en el imaginario social es quien debería brindar la ayuda de última instancia a los que más lo necesitan. Se trata de un ámbito con la obligación de contrarrestar los resultados de una política que pone el interés individual por sobre el comunitario. 

Esa notoria contradicción sabemos cómo se intenta utilizar cuando llegan al gobierno: Usando los instrumentos estatales de cualquier carácter para acentuar la concentración de patrimonio y de ingresos; la dispersión de los destinos de vida.

¿Y nosotros qué? ¿Qué es el Estado para aquellos que tenemos vocación comunitaria?

Por décadas y décadas, hemos creído que el Estado debe cumplir lo señalado al principio. Debe compensar a los dañados por el neoliberalismo. Eso sí: Aceptando simultáneamente que el neoliberalismo sea la doctrina hegemónica en la actividad productiva, en las finanzas, en los medios de comunicación.

O sea: un resumen del rol señalado para el Estado popular moderno podría ser  un enorme sistema de ambulancias que recupera heridos por doquier, originados en cataclismos que formarían parte inevitable de la vida cotidiana.

Eso explica que ningún espacio de gobierno tenga un Ministerio de Eliminación de la Pobreza. El Congreso Nacional, a su vez, con comisiones para decenas de cuestiones, no tiene más que una Comisión de Acción Social, que bien podría llamarse Enfermería Social. 

En la rotación acelerada iniciada en 2015, la derecha utiliza el Estado a su favor y daña a millones; luego llega un gobierno con vocación popular y repara parte de los daños; los votantes no llegan a ver un horizonte mejor y se reproduce el ciclo. 

Es en este escenario donde resulta claro como el agua que el Estado con vocación de administración popular del neoliberalismo resulta un contrasentido y conduce cada vez más rápido al fracaso.

El bien común es otra cosa. Es plantear explícitamente relaciones entre los actores económicos y sociales que generen beneficios a todos los participantes. Dichas relaciones deben ser administradas por el Estado, para darles sustentabilidad y evitar la distorsión de sus objetivos. 

No hay mejor manera de dar forma concreta a estas metas conceptuales que plantear objetivos de gobierno que sean a la vez objetivos de calidad de vida. Por ejemplo: plan de trabajo para tod@s ; de eliminación de la pobreza; de articulación entre educación y trabajo; de ciencia y técnica para el desarrollo y así siguiendo. Estos planes tendrán índices propios que permitan medir su progreso, diferentes de los índices financieros y económicos utilizados por el neoliberalismo. 

Ahora bien, esa tarea se debe encarar, en este momento histórico, en una sociedad adoctrinada para medir su calidad de vida más por la inflación, la paridad del dólar o el déficit fiscal, que por parámetros de desarrollo social.

Allí resulta de gran ayuda apoyarse en la llamada Teoría Monetaria Moderna, que da una mirada  actualizada del manejo del dinero de un Estado soberano. El libro de Stephanie Kelton, El mito del déficit, ya traducido al castellano, es una gran forma de comunicar cómo puede y debe operar un Estado popular moderno.

Poquitas ideas básicas. El Estado primero aplica fondos a gastos corrientes e inversiones y luego recauda impuestos a distintos sectores sociales, para evitar el exceso de moneda y para equilibrar los aportes según la capacidad contributiva. La secuencia real es esa y no la inversa, la del “no hay plata”. En tal contexto, el equilibrio fiscal no puede ser una meta en sí misma. Los impuestos actúan como distribuidores de ingresos, más que como financistas del sector público.

En ese camino, una buena administración puede evitar con cierta facilidad la inflación por exceso de dinero en los bolsillos de los consumidores, pero a la vez debe centrar su atención en controlar la conducta de la producción oligopólica o peor, monopólica, de ciertas ramas con tendencia permanente a apropiarse de valor agregado social a través de los precios. Para eso la política impositiva y también los consejos de precios y salarios son el instrumento adecuado.

En especial es muy relevante que el Estado para el bien común informe y sume a los debates a la comunidad, en un proceso de transformación del Estado, asumiéndolo como el quinto factor de producción, además de la tierra, el trabajo, el capital y la C&T. 

Eso significa varias cosas y no significa otras, negativas en este caso.

Claramente S. Kelton explica que un Estado soberano que estabiliza el valor de la moneda, puede utilizar su capacidad soberana de emitir dinero para financiar proyectos de infraestructura y proyectos productivos o de investigación, en sociedad con diversas formas de organización nacionales o extranjeras, con tasas de retorno positivas. La condición, ya señalada, es que no se presione sobre una capacidad instalada que no puede responder, sea por obsoleta o por ineficiente o porque crece con lentitud.

En tal carácter, el Estado es claramente factor de producción. Lo es por encima de cualquier contradicción capital trabajo. Es un factor de producción comunitario.

Lo antedicho no debe confundirse un solo segundo con una propuesta de un capitalismo de Estado, con gobiernos burocráticos que terminan siendo artífices del crecimiento del neoliberalismo, como sin ir más lejos sucede con el manejo de la energía hoy en nuestro país. Por el contrario, muy por el contrario, es cumplir acabadamente con la meta de un gobierno para tod@s que acredite la efectiva conducción del tejido social por la única institución que puede hacerlo y que por tal motivo es la más desacreditada y bombardeada por gobiernos como el actual.

El tema del Estado para el bien común es tan relevante que la próxima columna complementará ésta, analizando un puñado de casos prácticos en que se compare los reflejos del Estado presente de estas décadas pasadas con el Estado necesario del futuro.

Hasta pronto.

29.6.26