El fantasma xenófobo del arancelamiento perdió terreno y el gobierno lo dejó stand by

Ante la rápida respuesta del gobierno boliviano, con quien debió disculparse el embajador en La Paz, el macrismo prefirió enfriar la propuesta del mendocino Luis Petri, que proponía arancelar la salud y la educación para aquellos ciudadanos cuyos países no tengan “reciprocidad” con la Argentina. También les jugó en contra el rechazo de provincias limítrofes como Chaco y Formosa, y la negativa del radicalismo, que este año conmemora un siglo de la Reforma Universitaria. Pero no la descarta. Continúa la línea trazada por la fallida construcción del centro de detención para extranjeros en Barracas y el DNU que endureció la Ley de Migraciones. 

«No nos resulta una sorpresa que un gobierno de tinte neoliberal tenga esta estrategia de utilizar a los inmigrantes como chivo expiatorio, cuando hay falta de recursos o el Estado no se hace cargo de brindarlos», remarca la becaria doctoral en antropología educativa y política, Lucía Groisman (Instituto de Ciencias Antropológicas de Filosofía y Letras de la UBA), que trabaja hace años con sociedades de inmigrantes reunidas en la Casona de Flores, y una escuela de la Villa 20, en Lugano: “De acuerdo a la Constitución y la Ley de Migración, el acceso a la salud y la educación tendría que estar garantizado. La realidad es que en muchas oportunidades pude relevar que en las escuelas y en los hospitales les piden DNI. Y sufren recurrentes maltratos en todas las instituciones del gobierno”. 

Tras su único encuentro con Mauricio Macri, Beatriz Sarlo contó que lo que más le sorprendió fue la queja del presidente al llegar: «Apenas entró, se sentó en la mesa y dijo: ‘estoy harto de que los peruanos se vengan a atender a los hospitales porteños'». El discurso mediático y político genera sus consecuencias: el miércoles en la oficina de PAMI de Salta, un hombre agredió a una jubilada creyendo que era boliviana. 

«Hay un gasto muy grande en el sistema de salud por la atención a ciudadanos extranjeros, especialmente en tratamientos prolongados», justificó así el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, la propuesta de un arancelamiento a inmigrantes: Pero de acuerdo a datos oficiales citados en un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, sólo el 0,9% de los 14.028 egresos hospitalarios en 2016 en esa provincia fueron extranjeros. Y los partos de mujeres con residencia en otro país fueron en Jujuy apenas el 0,4 por ciento. Aún así, para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la postura del gobierno de Gerardo Morales «es valiente y hay que mirar con mucha atención».

Para Álvaro Del Águila, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET), que analiza hace más de 15 años a los trabajadores inmigrantes de la construcción del Área Metropolitana, esto no es nuevo: «Es la teoría político-mediática del chivo expiatorio, para distraer a la población, sobre todo cuando hay problemas económicos. Después de tantos años de estar acá, con sus impuestos y su participación fiscal, terminan pagando con creces lo que después utilicen del sistema de salud o educativo». En 2015, sólo por IVA la comunidad migrante aportó a las arcas argentinas casi 1500 millones de dólares. Del Águila apunta que «es ridículo y absurdo relacionar una crisis económica con las prácticas de un pequeño grupo social, muy vulnerable, que vive en barrios muy carenciado y que se expone diariamente a condiciones muy negativas de trabajo. Negocian su salud a cambio de dinero».

«Se describe una situación que no es la real, hay intereses secundarios que quieren hacer creer que la culpabilidad pasa por los extranjeros», declaró meses atrás a Télam el investigador Lelio Mármora, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad de Tres de Febrero, tras los dichos xenófobos del senador Miguel Pichetto. Y desmitificó varias cuestiones: la cantidad de extranjeros que vive en la Argentina se ubica en el 4,5 por ciento. El nivel más bajo de las últimas décadas. Y de acuerdo a estudios realizados por la ONU, «somos el país 124 sobre 200 en cuanto al número de migrantes». Y acotó que hablar «del impacto negativo» de las migraciones en la educación o la salud «es una exageración que sólo puede responder a una demagogia electoralista». 

En el Garrahan, por ejemplo, menos de un 1% de los egresos corresponden a residentes extranjeros. Y apenas el 1,9% de los niños en edad escolar (de 5 a 19 años) que cursan en la Argentina, son de otro país. La diputada Laura Alonso, que fue secretaria de Políticas Universitarias de Educación hasta diciembre de 2015, aclara que sólo un 2,8% de los 1,4 millones de estudiantes en universidades públicas son extranjeros: «Tiran estos globos de ensayo con temas ‘polémicos’ en la sociedad para que no se hable de los problemas de fondo. Mientras tanto riegan su plantita y deconstruyen el sentido de la solidaridad y de lo colectivo para abonar el sentido del individualismo y la meritocracia».

En este contexto, bajo el título «Migrar no es delito», los extranjeros nucleados en Reunión Abierta convocaron a un «Migrantazo», mañana a las 15, frente al Congreso. Y plantean un paro para fines de este mes. Mientras se los acusa de los problemas en hospitales y escuelas, los presupuestos bajan año a año. En Ciudad, Salud ocupaba el 21% del presupuesto total hace diez años; hoy es del 15%. Y Educación bajó doce puntos porcentuales bajó la gestión macrista. A nivel nacional, por ejemplo, el último presupuesto del kirchnerismo pautó que Salud fuera un 2,3% del total. En 2018 descenderá a 1,94 por ciento. Bastante lejos del 14% que se destinará al pago de intereses por la deuda. Pero las miradas de medios y políticos prefieren seguir apuntando a los inmigrantes.«