El fin de la guerra

“La guerra terminó”, se dice por estos días respecto de la relación del kirchnerismo con el grupo Clarín. El conflicto coloca como botín de guerra a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, primera ley de medios de la democracia. Esa ley se gestó en 2004 en la sociedad civil con los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática para reparar atropellos originados en la ley de la dictadura. Por entonces el grupo y el gobierno de Néstor Kirchner estaban lejos de una relación hostil.

El debate que promovió la sociedad civil -y que el Ejecutivo impulsó en 2009- permitió exponer a los medios como actores políticos con intereses sectoriales. También los peligros de la concentración monopólica para la libertad de expresión. Así lo ratificó  la Corte Suprema en 2013 en un fallo que repuso la aplicación de la ley, reconoció el derecho a la comunicación, y dejó expuesto a Clarín como grupo económico. Este, sin embargo, nunca se ajustó a derecho y se dedicó al “periodismo de guerra”.

La pirotecnia judicial e informativa terminó por dominar toda la agenda, ignorando a las empresas locales o regionales, los medios comunitarios, cooperativas o del sector público como actores claves del pluralismo informativo. Por ejemplo.

-Faltó el plan técnico de frecuencias y soluciones para unas 600 radios comerciales y comunitarias con permisos precarios o reconocimientos en grandes ciudades. Tampoco se concursaron las 80 radios AM planificadas en 2008. Cientos de carpetas de operadores de FM del interior fueron rechazados por cuestiones formales.

-La televisión abierta recién se concursó en 2015 y los canales se adjudicaron de apuro poco antes del recambio presidencial. Barricada TV y otros medios comerciales o comunitarios debieron acudir a la justicia para salir al aire y ser incluidos en la grilla del cable.

-Las cooperativas de servicios públicos batallaron años para lograr su primera licencia audiovisual (La Pampa). Como empresas de la economía social podían competir con fuerza en el mercado de triple play y favorecer a los ciudadanos frente al operador dominante.

-El Fondo para medios comunitarios (FOMECA) se implementó tarde y mal. Todo empeoró luego con los decretos de finales del 2015.

En los hechos, Clarín resultó un claro beneficiario de la década. Fue salvado de la quiebra y la compra agresiva de los acreedores entre 2002 y 2005. En 2006, el grupo se quedó con Cablevisión. Un año después el gobierno autorizó la polémica fusión con Multicanal, concentrando el 47,3 % del mercado de cable.  En 2015 las ventas del Grupo crecieron un 41% respecto del 2014. La compra de Telecom -con un vidrioso marco jurídico- le permitió dominar los negocios de televisión, telefonía, móviles e internet. En 2018 Cablevisión Holding fue la empresa de la Bolsa que más ganó; la sociedad de los hermanos Noble Herrera, Magnetto, Aranda y Pagliaro, controlantes del 39% de Telecom, embolsó $ 47.019 millones en el año.

  Al disiparse el humo, quedan en la banquina empresas locales, medios cooperativos y comunitarios de comunicación, de Universidades y sector público cuyo desarrollo debía fortalecer nuevos actores con poder suficiente como para terciar ante la opinión pública. La guerra que interesa -la de poder elegir en libertad entre voces diferentes- aún espera  que la información, en cualquiera de sus formatos, deje de ser considerada solo como negocio y se la respete como un bien social indispensable para la deliberación pública en la democracia.