El fiscal general marplatense, cerca del procesamiento por integrar un grupo de tareas

En el ocaso de la dictadura cívico-militar, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, revestía como oficial de la policía bonaerense en la delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), el aparato de espionaje de la fuerza de seguridad provincial. Y por ese rol de espía tuvo que declarar en los últimos días ante la justicia federal de San Martín en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad: está acusado de integrar el grupo de tareas que, al mando del jefe del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército, Jorge Norberto Apa, detuvo, torturó e interrogó a tres militantes del Partido Comunista. La jueza Alicia Vence deberá definir en los próximos días si lo procesa junto con otros cinco acusados. 

El 9 de agosto pasado Fernández Garello viajó desde Mar del Plata hasta San Martín, donde declaró ante la jueza durante cuatro horas y media. En el expediente –que comenzó en manos de Sandra Arroyo Salgado y lo deslindó en su colega Vence– el fiscal está acusado de participar en la persecución, secuestro y torturas de tres militantes del PC como parte de un grupo de tareas conformado por otros tres expolicías de la Dippba de San Martín, el jefe del destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y un integrante de la Brigada de Investigaciones de Caseros, que en la dictadura funcionó como centro clandestino de detención.

El fiscal fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en base a documentación del archivo de la Dippba, que tiene bajo su custodia desde 2001, poco después de que la Bonaerense abandonara sus tareas de espionaje sobre gremios, movimientos de Derechos Humanos, políticos, sociales y estudiantes, entre otros colectivos de la sociedad.

La CPM venía investigando el rol de la delegación San Martín de la Dippba cuando se topó con un documento que reflejaba la convocatoria de reunión del Destacamento 201 de Campo de Mayo para conformar un grupo operativo junto con oficiales de la Inteligencia policial y de la Brigada de Caseros para buscar y aprender un grupo de militantes del PC que había identificado. Entre ese personal estaba Fernández Garello.

Sobre la base de esta prueba documental, el año pasado la CPM presentó un pedido de jury contra Fabián Uriel Fernández Garello ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia. El pedido lo firmaron, entre otros referentes de Derechos Humanos, el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. La consideración de los jurados con el fiscal fue totalmente distinta a la que tuvieron con Luis Arias, el juez que frenó los tarifazos destituido el miércoles pasado, a quien la Comisión respaldó: en la audiencia preliminar realizada a fines de diciembre el jury archivó las actuaciones contra Fernández Garello. Y el fiscal zafó.

«El archivo del jury tuvo que ver con que la corporación judicial y política lo bancó», explica Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. «Fue burdo porque ya había sido llamado a declarar (por Vence) pero dijeron que iban a esperar que avance la causa judicial. Eso habla de la doble vara, porque con Arias hicieron lo contrario», completó.

Tras la dictadura Fernández Garello hizo carrera en Mar del Plata, donde tejió lazos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Eduardo Julio Petigiani, ex juez federal en esa ciudad, cargo que dejó para convertirse en secretario de Seguridad del gobernador Eduardo Duhalde. También fue su compañero de militancia cuando el ahora supremo intentó ser intendente de esa ciudad en 1995.  

El fiscal tiene que rendir cuentas en la justicia federal por el caso 683 de la megacausa Campo de Mayo (N° 4012) que investiga el operativo que comenzó en la madrugada del 23 de julio de 1981 y terminó a la mañana siguiente, con la detención de los tres militantes comunistas a quienes apresaron para obtener información bajo tortura, para luego ponerlos a disposición de un juez.

Esta semana que comienza la jueza Vence tiene que terminar de indagar a los acusados y a partir de entonces tendrá diez días para decidir si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito al jefe de los fiscales marplatenses, que tiene en sus manos, entre otras cosas, el diseño de la política criminal de Mar del Plata. «