El FMI apoya sin disimulo al golpismo en Bolivia y condiciona al futuro gobierno

El FMI metió la cuchara en las elecciones bolivianas con un aporte de fondos de campaña en favor del gobierno de facto que bien puede servir para condicionar a cualquiera que gane als elecciones del domingo que viene. Mientras tanto, se hay preguntas que se encadenan de un modo perturbador: ¿gana el MAS IPSP en primera vuelta como preanuncian las encuestas? En este caso ¿la derecha que tumbó a Evo Morales en noviembre pasado aceptará dejar el poder? Si se invierte el cuestionario el resultado es aún más inquietante. ¿Cómo se garantiza que esa derecha que se jactó de haber expulsado a la wiphala de la Casa de Gobierno no haga fraude?

Los últimos sondeos, realizados por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) -que el año pasado fue uno de los pocos que acertaron con el resultado de las PASO y de las generales en Argentina- le da un 44,4% de intención de voto a la fórmula Luis Arce- David Choquehuanca y 34% a Carlos Mesa. Tercero se ubica Fernando Camacho, con 15,2%, el líder neofascista de Santa Cruz de la Sierra que llevó la Biblia como reivindicación del golpe del 10 N al Palacio Quemado.  Gana el que obtenga más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. La diferencia es exigua pero ilustrativa: se parecen mucho a los guarismos que dio la presidencial del año pasado denunciada como fraudulenta por un ambiguo informe de la OEA y por los golpistas.

La gran batalla de los conservadores es por destronar al MAS IPSP. De allí que Camacho apunte los cañones contra el más cercano aspirante, que compite por la voluntad de los sectores medios urbanos. “Mesa apuesta por una coalición para zanjar crisis en Bolivia ¿qué van a decir aquellos que exigían ‘voto útil’? ¿Voto útil para negociar y pactar con el MAS?”, dice, indignado.

Mesa, que fue presidente tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, le entregó el poder a Morales en 2005 y desde entonces alternó fallidas candidaturas contra el líder indígena con su colaboración en una comisión oficial por la reivindicación de la salida al mar en el Tribunal de La Haya. Ahora, pide el voto para que no vuelva lo que llama “dictadura” masista.

La titular de facto del Ejecutivo, Jenine Añez, a su vez, también se encarama en acusaciones de totalitarismo contra el gobierno de Morales y aprovechó el recordatorio del asesinato del Che Guevara para homenajear a los soldados que capturaron al guerrillero argentino el 8 de octubre de 1967. Ni qué decir que en este homenaje se sumaron Camacho, furioso antimarxista, y el ministro de Defensa, Luis Fernando López.

El otro líder neofascista boliviano, Branko Marinkovic, que se exilió luego del intento secesionista de 2008 y hace dos meses integra el gabinete de Añez, articuló estrategias con el FMI. Este viernes anunció como un triunfo el financiamiento por 330 millones de dólares anunciado en abril para el pago de salarios, ponerse al día con el servicio de salud y en la lucha contra los incendios en el Chaco boliviano y en la Amazonía. Nunca en la era Evo se había necesitado apoyo externo para esos menesteres.

El detalle es que como la Asamblea Legislativa-que ostenta la potestad constitucional para contraer deuda externa y tiene mayoría el masismo-no quiso aprobar el crédito, el FMI disfrazó el giro como “intercambio de divisas”. El mismo perro pero con un collar que no necesita aprobación parlamentaria.

Mientras tanto, el law fare está a pleno. Y el objetivo demuestra en nivel de preocupación del establishment. El procurador general, Alberto Morales, informó justo este jueves que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) «evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia».

Arce, gestor del milagro económico boliviano entre 2006 y 2019, respondió en una carta pública rechazando la denuncia. «Recurren a la mentira, a la persecución política, a la violencia, a la criminalización y a la represión», dijo.