El FMI desconfía del éxito del plan, pero igual aprobó el acuerdo

Puede fallar, advertía el mentalista al público antes de iniciar sus trucos. Puede fallar, advierte el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino en el momento de darle luz verde a su plan económico. El directorio de la entidad aprobó el último viernes la revisión del acuerdo firmado en junio, que incluye aportes por U$S 6300 millones extra (algo menos de lo anunciado hace un mes porque el DEG, la unidad de cuenta que usa el Fondo, cayó en relación al dólar) y la aceleración de los giros para que la mayoría del dinero llegue antes del final de 2019. A pesar de ello, su dictamen mostró algunos reparos sobre el éxito del programa.

Las dudas están expresadas en el informe que el staff técnico del Fondo elevó al directorio y que fue hecho público junto con la aprobación del acuerdo. «No hace falta decir que la gran escala de financiamiento bajo el programa revisado crea riesgos significativos para el Fondo», señala el texto firmado por Nigel Chalk, director del departamento para el Hemisferio Occidental, y su colega Zuzana Murgasova. El primer ítem que preocupa es «el grado en que el capital privado participará en la financiación de Argentina en los próximos meses. Si la proporción de roll-over (renovación de los bonos que vencen) es más baja que la asumida en el programa, los mayores recursos que aportará el Fondo no alcanzarían para cubrir la balanza de pagos y las necesidades fiscales».

Error de cálculo

La afirmación viene de parte del mismo staff técnico que en junio había evaluado que entre el 75% y el 90% de los vencimientos serían renovados. Ahora, escaldado por la profundización de la crisis, admite el error de cálculo y estima que «el sector privado renovará el 50% de los próximos vencimientos, creciendo gradualmente hasta 70% a fines de 2019 y a cerca de 100% en 2020, cuando vuelva la confianza». Para cubrir esa diferencia es que el Fondo aceptó ampliar el préstamo original de U$S 50 mil millones y adelantar las cuotas.

El otro punto que el FMI se cuestiona es que «parece difícil que se mantenga el apoyo social y político al ajuste propuesto por las autoridades, particularmente si (como se espera) la recesión económica se profundiza. El riesgo se ve exacerbado por el hecho de que habrá elecciones nacionales en octubre de 2019».

Otros temores se vinculan a la mayor desconfianza que podría tomar el mercado hacia el gobierno, si no se alcanzan los resultados macroeconómicos o el equilibrio fiscal; y a los shocks externos, tales como una profundización de las tensiones comerciales y eventuales cambios en la política monetaria de Estados Unidos. En ese sentido, se da por descontado que la Fed seguirá subiendo sus tasas al menos hasta mediados de 2019.

Si Lagarde lo dice…

Aun así, conscientes del respaldo público de la directora del Fondo, Christine Lagarde, al presidente Mauricio Macri, los técnicos recomendaron que se aprobara la reformulación del acuerdo. Para ello atenuaron sus prevenciones: evaluaron que «el programa de políticas brinda una perspectiva razonablemente sólida de éxito, incluidos no solo los planes de ajuste (del gobierno) sino también sus instituciones y la capacidad política para realizar ese ajuste». Tomaron en cuenta el pacto fiscal que el gobierno federal firmó con las provincias, las negociaciones en el Congreso y la promesa que en su momento formuló el bloque de senadores justicialistas de que no exigiría debatir el acuerdo en el Parlamento.

Los lineamientos del programa aprobado el viernes son los que se anunciaron hace más de un mes: equilibrio fiscal en 2019, reemplazo del sistema de metas de inflación por el de agregados monetarios, dólar flotante (aunque dentro de límites fijados por el Banco Central) y tasas altas hasta que bajen las expectativas sobre aumentos de precios. La novedad es que el gobierno acepta que la baja del PBI será mayor: caería entre 2% y 3% este año, y de 0,5% a 2% en el próximo. Pero confía en que el nuevo tipo de cambio haga levantar las exportaciones y ayude a salir de la recesión en el último trimestre de 2019. Casualmente (o no), ese será el momento de las elecciones. «

El 88% se cobra antes de las elecciones

El nuevo cronograma del préstamo con el FMI implicó no sólo el aumento de los montos a U$S 56.300 millones sino la aceleración de los desembolsos. Esta semana llegarán U$S 5670 millones y en diciembre otros U$S 7600 millones. El año que viene habrá una remesa de U$S 10.800 millones en marzo y otras dos de U$S 5400 millones en junio y septiembre. Contando el anticipo cobrado en junio, al término de este mandato de Mauricio Macri el gobierno habrá cobrado el 88% del préstamo, en lugar del 59% previsto en un principio. Para el siguiente turno presidencial sólo quedarán siete cuotas trimestrales de U$S 970 millones, a cobrar entre diciembre de 2019 y junio de 2021.

La revisión del acuerdo implicó también la dispensa oficial del Fondo por los incumplimientos del gobierno en la revisión de septiembre. No se cumplieron los objetivos en cuanto a metas de inflación, reservas, intervención en el mercado de futuros y rescate de títulos en poder del Banco Central.

Otra vez la reforma previsional

El gobierno se comprometió formalmente ante el Fondo Monetario Internacional a estudiar una reforma en el sistema de jubilaciones y pensiones. La promesa consta en la carta de intención que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, enviaron a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

En la nota se informa la decisión de «comenzar a examinar una muy necesaria reforma previsional que permitirá fortalecer nuestra posición fiscal, al mismo tiempo de ser socialmente equitativa y apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo a largo plazo». Junto con ella se enumeran otras «reformas de alta calidad» a implementar, como el proceso de elaboración del presupuesto, mejoras en la recaudación y la eliminación de tasas y subsidios considerados distorsivos.

Desde que retomó la relación con Argentina, en 2016, el FMI pide bajar el costo del sistema previsional, que representa el 60% del gasto público primario. Siguiendo esa línea, en 2017 se sancionó una ley cambiando el índice de movilidad para que el ajuste de los haberes sea menor. El objetivo de máxima del Fondo es establecer un sistema mixto parecido al que rigió entre 1994 y 2008, con un pago mínimo a cargo del Estado y un adicional surgido de aportes de cada trabajador a una cuenta de capitalización individual. En oportunidad del convenio firmado en junio, las partes acordaron iniciar la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que respalda el pago de jubilaciones y pensiones, pero no hubo avances en esa dirección.