El FMI pone a la niñez en peligro

La actual situación de extrema vulnerabilidad de la economía de nuestro país puede ser analizada desde diversas perspectivas. Los análisis más tradicionales apuntan a los retrocesos en materia de inflación y devaluación, con su consecuente pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, aumento de los índices de desempleo y pobreza, y reformas legislativas que afectan directamente la vida de las y los argentinos. La infancia, no solamente no está exenta de estos embates del capitalismo, sino que ha sido históricamente una generación silenciada y sometida a las voluntades de los y las adultas. Los niños y niñas de clase trabajadora están atravesados por una doble subsunción de clase y generacional que los pone en una situación de vulneración y exposición a este tipo de retrocesos económicos, políticos y sociales.

Los acuerdos con el FMI y la consecuente injerencia en las políticas de Estado son un secreto a voces. Entre las condiciones que nos imponen para conseguir el endeudamiento se encuentran la modificación del tipo de cambio, la reforma laboral, que ya está en marcha, los recortes salariales y la modificación en el cálculo de jubilaciones, avizorando un aumento en la edad jubilatoria con la macabra excusa de “hacer más sustentable el sistema”. Esta última medida será, probablemente, acompañada de una reprivatización del sistema jubilatorio, así como en los 90 el plan Brady impuso la privatización de patrimonio público, que dejó como un nostálgico recuerdo a Entel, Somisa, Obras Sanitarias, Segba, entre otras. Algunas de estas medidas ya impactan en el bolsillo de la clase trabajadora. La inflación, producto de la devaluación acelerada de la moneda, la especulación de los grandes comercios acaparando productos, el cierre de fábricas y la disminución de la producción local como consecuencia de la apertura sin condicionamientos a las importaciones, afectando principalmente a pymes y al sector industrial de nuestro país son algunas de las consecuencias que ya podemos observar en este clima que ni el gobierno puede tapar con escándalos mediáticos sin sustento.

Todas estas medidas impactan de manera directa en la niñez. Las vidas de niñas y niños de nuestro país se ven vulneradas, al menos en tres sentidos.

En primer lugar, la situación de los adultos y adultas afecta a sus familias. La eliminación de seguros sociales y seguros por accidentes de trabajo, producto de la crisis económica, aumenta numéricamente los casos de chicos y chicas abandonados físicamente, acrecentando a su vez el déficit en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y vestimenta, Tal como sucedió en los años 90s con la implementación de las políticas neoliberales. Según informes de UNICEF, la concentración de la riqueza y pérdida de los derechos laborales durante esos años produjo “una creciente desprotección de las familias, que erosionó sus capacidades para brindar condiciones básicas de desarrollo a niñas, niños y adolescentes” (UNICEF y Cepal, 2005). Cuando los hogares no logran adquirir la canasta básica de bienes y servicios, las familias con hijos e hijas son las más afectadas por este retroceso.

En segundo lugar, las medidas exigidas por el FMI producen un cambio de distribución del Gasto Público destinado a la Niñez. Tras la aplicación de similares medidas en los años 90 y según los informes del Ministerio de Economía junto con UNICEF (año), la mayor parte de este gasto se vio destinada a asignaciones familiares para suplir las falencias básicas en hogares cada vez más pobres. El dinero se utilizó para garantizar la supervivencia de los más pequeños y pequeñas, pero no alcanzaba para brindarles una vida digna que les habilitara el ejercicio de todos sus derechos. En el contexto actual ya podemos observar la insuficiencia del presupuesto destinado a educación y salud, dejando a niños y niñas por fuera del sistema educativo, estudiando en condiciones de extrema precariedad, y con salarios docentes que imposibilitan el desarrollo y función de la escuela.

Todas estas implicancias de la aplicación de medidas de ajuste impuestas por organismos internacionales dejan en evidencia que las minorías silenciadas históricamente, migrantes, mujeres, niños y niñas, son las variables de ajuste en situaciones de empobrecimiento. Según un informe de la CTA del año 2002, tras la aplicación de las medidas impuestas por el FMI en los años 90, el 55,6% de los menores de 18 años en nuestro país eran pobres. Hoy, nuevamente, la mayoría de los niños son pobres, así como la mayoría de los pobres son niños.

En tercer lugar, el crecimiento de los índices de violencia institucional pone a la niñez en el foco de conflicto. El gatillo fácil se torna una herramienta fundamental de control frente al ajuste económico, especialmente dirigido hacia los niños y jóvenes de los barrios populares. Bajo el sistema de la convertibilidad esto resultó un hecho (CELS, 1998; CORREPI, 1998), que hoy vuelve a imponerse con ferocidad.

A días del comienzo de un nuevo año, resulta fundamental que podamos reflexionar sobre las evidentes consecuencias que tendrá el paquete de ajuste impuesto a nuestro país por el FMI, pero también sobre aquellas que no resultan tan evidentes. El gobierno de Cambiemos puso a la niñez en peligro con la aprobación del Presupuesto, dañando un tejido social que nos costará muchos años recomponer.

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Luciana Chait, Magister en Investigación educativa, Universidad de Barcelona

Paula Shabel, Doctora en Antropología por la UBA, becaria CONICET