El Fondo también exige avanzar con la reforma laboral

La misión del FMI tiene su hoja de ruta para la Argentina. En su «Actualización de las perspectivas económicas para América Latina», publicada el 13 de octubre sugiere, entre otras medidas que considera «prioritarias», avanzar en «una racionalización del gasto, como los salarios». Además, señala, «para afianzar la inversión privada y la productividad será necesario (…) dotar de mayor flexibilidad a los mercados laborales».

Los dirigentes de la CGT ya manifestaron su acuerdo en avanzar en una reforma sector por sector soslayando una ley en el Parlamento.

La estrategia, presentada como una concesión, en realidad apunta a impedir una respuesta de conjunto del movimiento obrero, que es lo que el triunvirato ya ha demostrado que no tiene intención de organizar. No lo hizo contra el veto a la ley antidespidos, ni contra la ley de ART, ni por la pérdida del poder adquisitivo, ni ante la intervención de los sindicatos. Para el gobierno, una reforma consensuada con la CGT es la vía para sostener la alianza capaz de garantizar la paz social que necesita para aplicar el ajuste.

Así las cosas, la reforma seguirá avanzando, a través de un camino tortuoso. Los trabajadores sólo podrán enfrentarla con acciones parciales allí donde las conducciones estén dispuestas a hacerlo o sufran un desborde de sus bases.

Quién extorsiona

Desde el gobierno se suele decir que existe un sindicalismo exorsionador y mafioso que chantajea a las empresas. Sin embargo, a la luz de la forma cómo ha logrado la adhesión de los sindicatos a su hoja de ruta, cabe preguntarse quién es el que extorsiona.

En el ambiente sindical se asegura que el encarcelamiento de Juan Pablo «Pata» Medina, más allá de méritos propios, sirvió para impulsar la aceptación de la hoja de ruta gubernamental por parte de otros dirigentes sindicales a los que preocupan posibles carpetazos con denuncias de corrupción.

En el caso de la deuda del Estado con las obras sociales, de 20 mil millones de pesos, el gobierno sujeta la posibilidad de un pago a la aceptación de la Cobertura Universal de Salud (CUS).

En los casos de revisión de convenios, la adenda para Vaca Muerta, por ejemplo, fue presentada como una condición para la llegada de inversiones para reactivar un sector atravesado por miles de despidos y suspensiones. La mesa automotriz también se ha constituido recostada sobre las suspensiones y los despidos. Los convenios especiales firmados por la Uocra para viabilizar inversiones chinas avasallaron el derecho a huelga. El viernes pasado, la UOM, Uocra y Luz y Fuerza firmaron una carta de intención para la explotación de energías renovables con una adenda flexibilizadora de sus convenios contra la promesa de inversiones por $ 15 mil millones.

El convenio que firmará mañana el sindicato Atilra es la contraparte del plan de rescate de SanCor por $ 450 millones que, además, estuvo condicionado a una reestructuración que se cargó 1500 trabajadores.

La mesa para discutir premios por productividad para los empleados públicos nacionales, que tiene fecha para los primeros días de enero, resultó de la paritaria salarial de uno de los sectores con mayor pérdida del poder adquisitivo e inestabilidad laboral heredada de la gestión anterior.

Los puntos sensibles

Los ejemplos mencionados sirven de adelanto de lo que buscarán en otros convenios. La regimentación del derecho a huelga por la vía de cláusulas particulares y la recategorización a servicios esenciales (la Legislatura cordobesa incluyó el transporte automotor), la incorporación de nuevas categorías a la baja dentro o fuera del convenio como en ATILRA o el proyecto de pasantías, la quita de licencias especiales y el pago de horas extra y, fundamentalmente, la polifuncionalidad aparecen bajo diversas formas en las discusiones en curso.

El argumento oficial para la reforma es que creará empleo en la industria. Lo cierto es que la polifuncionalidad, por definición, implica lo contrario: con menos trabajadores hacer más tareas.

El techo de la ley

Con todo, la estrategia de negociación sectorial podría chocar con la lógica del ordenamiento jurídico argentino, que establece que ninguna ley o disposición puede contradecir una de rango superior. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, señaló que «la Ley de Contrato de Trabajo es un piso de derechos y un techo para la reforma» y recordó que «la CIDH, de hecho, en su última reunión en Montevideo ratificó el principio de irregresividad de los derechos laborales a partir de lo que dice el pacto de San José de Costa Rica».

En 2013 un fallo de la Cámara del Trabajo recordó que «un convenio colectivo sólo puede modificar uno anterior en la medida en que no perjudique los mejores derechos». El mismo Jorge Triaca reconoció que ese escollo «va a ser lo más difícil de todo». «