El oficialismo juntó los votos en la Comisión de Justicia para llevar al recinto el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal. Un grupo de fiscales envió una carta para manifestar su rechazo.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, el senador neuquino Oscar Parrilli, luego de haber escuchado la opinión de especialistas y de que el informe del consejo asesor de juristas convocado por Alberto Fernández recomendó esa modificación a la Ley del Ministerio Público.
El proyecto que llegará al recinto establece la elección por mayoría absoluta del pliego enviado por el Ejecutivo y limita a 5 años la duración del cargo. Se trata de una síntesis de tres proyectos, dos de la oposición y uno del representante de Juntos Somos Río Negro, el peronista aliado del oficialismo Alberto Weretilneck.
De las iniciativas opositoras de Lousteau y de la neuquina Lucila Crexell se tomó la necesidad de que los cargos de Procurador y de Defensor duren cinco y dejen de ser vitalicios. El de Weretilneck establece que tanto el procurador como el defensor general pueden ser elegidos por mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos y ya no serán necesarios los dos tercios.
Al inicio de la reunión de comisión, Parrilli consideró que están «dadas todas las condiciones» para «resolver el problema» de la elección y mandato del procurador general de la Nación, actualmente en manos de un funcionario interino.
Para Parrilli, el actual procurador interino, Eduardo Casal, «ha sido objeto de muchas críticas» y pedidos de juicio político y volvió a cuestionar a la gestión de Mauricio Macri por considerar que «montó una persecución» contra la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, quien fue designada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y finalmente renunció a su cargo.
En representación de la oposición, la senadora Silvia Giacoppo confirmó que el bloque de Juntos por el Cambio votaría por un dictamen en minoría y su par, Lousteau, calificó como «contradictorio y ezquizofrénico» el punto del texto en el que el oficialismo cambia la mayoría agravada para elegir al Procurador pero dispone ese requisito para su remoción.
El debate se da en medio de la puja por el pliego del juez federal Daniel Rafecas, quien fue propuesto por el presidente para ser el nuevo procurador. Un sector de la oposición, referenciado en Elisa Carrió, anunció que apoyará su candidatura pero el bloque de senadores del Frente de Todos adelantó que su intensión es tratar la reforma antes de elegir a quien deba ocupar el cargo.
En las últimas horas, Alberto Fernández volvió a respaldar a Rafecas. «Es el candidato a Procurador que yo he propuesto, no tengo duda que es el mejor candidato que puede existir. Fue compañero de cátedra, ayudante, luego adjunto, tiene una calidad técnica absoluta y condiciones morales indiscutibles; a mi juicio, es el mejor candidato que pueda haber», sostuvo en diálogo con Futurock.
Carta de fiscales
Un grupo de 80 fiscales de todo el país enviaron una nota a la Comisión de Justicia del Senado para manifestarse contra la modificación del sistema de elección del procurador general.
«La mayoría simple significaría refrendar un procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Poder Ejecutivo que lo propone, significando una involución; un retroceso a la situación anterior a la Constitución del año 1994», sostuvo la presentación firmada por el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plée; el fiscal federal porteño Guillermo Marijuán, los fiscales nacionales en lo criminal porteño Ignacio Mahiques y José María Campagnoli, entre otros.
En el texto, los funcionarios pidieron «a los legisladores que piensen antes en las instituciones que en la coyuntura, que no poder nombrar un procurador, porque no se logra el consenso necesario, no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional».
Los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron además que «la reforma también parece incluir el régimen disciplinario y de remoción de los fiscales, por lo cual debe cuidarse que no se establezcan mayorías que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones del tribunal de enjuiciamiento y en definitiva el debido proceso, en detrimento de la estabilidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones».
La Constitución Nacional «reconoce la existencia de un órgano extra poder, el Ministerio Público Fiscal y le acordó un estatus y una finalidad, respectivamente: la autonomía funcional y la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad», agregaron.
Ante ello, «la Ley del Ministerio Público, como ley reglamentaria de la Constitución, cuidó de cumplir este mandato y estableció que el procurador general de la Nación debía ser nombrado con acuerdo del Senado, con los dos tercios de los presentes».
«La ley quiso que su designación surgiera de una concertación de las fuerzas políticas y de la representación federal de que se encuentra investido ese cuerpo», argumentaron.
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