El “gangsterismo” de Trump para imponer la derecha en América Latina

Donald Trump viene desplegando una ofensiva cada vez más agresiva sobre América Latina y el Caribe (ALC), en su afán por manipular los procesos políticos y electorales hacia gobiernos alineados con los intereses estratégicos de Washington. A la rebautizada «Doctrina Donroe» se suma una actualización de la lógica del Gran Garrote, aquella que Theodore Roosevelt aplicó a comienzos del siglo XX para consolidar la primacía estadounidense sobre el hemisferio occidental. La gran diferencia es que la ocupación militar tradicional mutó y cedió su lugar principal a una combinación de asfixia económica y presiones financieras, diplomáticas y geopolíticas. El objetivo de fondo, sin embargo, permanece inalterado: impedir que Estados Unidos pierda control sobre un continente donde el avance de China y la consolidación de un orden global multipolar desafían una hegemonía que durante más de un siglo se dio por sentada.

Las intervenciones en las urnas se repiten en cada rincón de la región mediante métodos calibrados para cada escenario nacional, bajo un nivel de impunidad que ya no sorprende. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa pactó apoyo militar directo con el entorno de Trump en una reunión privada en Mar-a-Lago durante la campaña del balotaje; un movimiento que, según denuncias periodísticas, abrió la puerta a patrullajes de agencias extranjeras y a contratos con la corporación de seguridad estadounidense Blackwater. Poco después, la escena se trasladó a Brasil. Allí, la administración de Trump rompió los protocolos de neutralidad al recibir formalmente en la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente y actual precandidato, en una apuesta abierta por apuntalar el regreso de la ultraderecha al poder de cara a los comicios generales de octubre de este año.

El libreto se repitió en Colombia, donde el mandatario saliente Gustavo Petro denunció la intromisión sin tapujos de agencias norteamericanas en el proceso que llevó a la presidencia a Abelardo de la Espriella. Un triunfo empujado, además, por senadores republicanos que amenazaron públicamente con aplicar sanciones económicas si la izquierda retenía el poder en el país sudamericano.

El peso de Washington también se sintió en Centroamérica a través de condicionamientos financieros. En Honduras, las presiones se enfocaron en respaldar la candidatura conservadora de Nasry Asfura mediante la amenaza explícita de retirar los fondos de ayuda humanitaria si la opción derechista era derrotada en las urnas. Bajo esa misma lógica de chantaje, emisarios norteamericanos operaron activamente sobre los sectores productivos en El Salvador, condicionando la renovación de los tratados comerciales preferenciales a un blindaje político de los candidatos afines a Washington. Cerrando el mapa regional, mientras el gobierno de Laura Fernández en Costa Rica se alineó con rapidez a las demandas de seguridad dictadas desde el Pentágono, el aparato diplomático estadounidense operó a destajo en Perú para sostener la victoria institucional de Keiko Fujimori en un contexto de altísima polarización.

Además de lo estrictamente político, estas injerencias tienen un trasfondo económico que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expone con claridad en sus informes sobre inversión extranjera. Aunque las cifras globales muestran un ingreso aparente de unos 194.000 millones de dólares a la región, ese dinero no se traduce en nuevas industrias locales: se trata principalmente de corporaciones que reinvierten sus propias ganancias para asegurar el monopolio de los mercados que ya controlan. En Chile y Bolivia, el respaldo político y financiero de Washington a los sectores de derecha busca blindar este esquema, garantizando que las firmas estadounidenses retengan el control del litio y el cobre, y bloqueando de raíz cualquier intento de apertura comercial hacia las inversiones de China.

Esta ofensiva sobre la soberanía de la región ha tenido su expresión más violenta en el ataque militar perpetrado en Venezuela, que derivó en el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro. La impunidad con que actúa EE.UU. es tal que Trump justificó su “Operación Resolución Absoluta” en Caracas por los intereses estadounidenses en el petróleo venezolano. Las falsas excusas de que estas intervenciones eran en defensa de los valores democráticos ya son parte del pasado.

En los últimos meses, Washington también endureció el bloqueo contra Cuba mediante una serie de sanciones dirigidas al sector energético, financiero y empresarial. Entre las medidas que más daños provocan figuran la declaración de una emergencia nacional, nuevas restricciones contra funcionarios y empresas estatales, la inclusión de la petrolera estatal CUPET en la lista de entidades sancionadas y la amenaza de represalias contra terceros países o compañías que contribuyan al abastecimiento de combustible. Desde las Naciones Unidas afirman que estas restricciones agravan la crisis económica y energética de la población al dinamitar el acceso a combustible, electricidad, alimentos y otros servicios esenciales.

Denuncias al margen, estas acciones demuestran que la Casa Blanca ha decidido prescindir de la legalidad internacional para imponer por la fuerza gobiernos afines a sus intereses comerciales y estratégicos. Las tensiones institucionales del continente exponen la magnitud de una disputa geopolítica global donde Washington ya no oculta sus métodos de coacción. 

Para el economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, la nueva Doctrina Donroe constituye «un reclamo descarado de que Washington dominará las Américas por la fuerza», en caso de ser necesario. «La política exterior de Estados Unidos es puro gangsterismo», suele repetir el influyente académico, en una sentencia que define la impunidad con que Washington prefiere olvidar la soberanía de los países a la hora de imponer a sus propios candidatos.