Al disponer una nueva estructura del hasta hoy disperso sistema de medios estatales (con emisoras de televisión, radio y la agencia de noticias Notimex), AMLO aseguró que el mismo tendrá “absoluta autonomía editorial” y que habrá articulación entre ellos para “garantizar el derecho a la información”.
Las definiciones relativas al fin de sobornos a empresas periodísticas y a conductores de medios, y a la transparencia prometida en publicidad oficial, sin embargo, causaron mayor impacto en un país en el que, como en tantos otros de la región latinoamericana, el vínculo entre gobiernos, grandes empresas y periodistas notorios se lubrica a través de dádivas.
Si bien los anuncios deben recorrer ahora el espinel de los dichos a los hechos, López Obrador prevé gastar este año la mitad de lo que destinó su antecesor, Enrique Peña Nieto, a publicidad oficial y anticipó que no habrá discriminación en su destino: «La publicidad no es un favor y, como los medios tienen una función social, ya que son entidades de interés público, como Estado tenemos la obligación de apoyar para que no cierren los medios.»
Vistos desde la Argentina y muchos otros países de la región, las promesas de AMLO resultan utópicas: aquí los medios estatales son gubernamentales (y fueron vaciados de público por la gestión de Mauricio Macri); hay sobornos oficiales -también privados- a periodistas, según denunció Hugo Alconada Mon en su último libro; los montos y destinos de la publicidad oficial son definidos discrecionalmente por el gobierno de turno y el acceso a la información pública depende funcionalmente del jefe de Gabinete, tiene zonas de «reserva» e incumplimientos en distintas jurisdicciones estatales pese a la ley que aprobó el Congreso Nacional en 2016 (y que no alcanza a todas las jurisdicciones, sino sólo al Estado Nacional).
* Especialista en medios e industrias culturales.
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