El gobierno acelera un «Plan B» para usar en caso de default

«Tenemos un plan. Es más, tenemos dos. Por si pasa A, o por si pasa B», dijo el presidente Alberto Fernández el jueves pasado en una entrevista con Radio Rivadavia. Por tratarse de un gobierno que mide en detalle cada una de sus declaraciones, la expresión del mandatario llamó la atención. ¿En qué consisten estos planes?

«El plan A es el que se aplicará si hay un acuerdo con los bonistas y el FMI; el plan B, si no lo hay», le dijo una fuente oficial a Tiempo. Un escenario de no acuerdo por la deuda pública equivale a una declaración de default.

Desde que asumió, hace poco más de dos meses, el gobierno coquetea con el default. Todas las observaciones que han hecho tanto el presidente como el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el sentido de que la deuda pública «es impagable», apuntan a sentar a los bonistas a la mesa de negociaciones para lograr nuevos términos de la deuda que la hagan supuestamente pagable. Pero este proceso se ha demostrado mucho más arduo de lo que se esperaba. La distancia entre lo que ofrece el gobierno y lo que reclaman los bonistas es enorme, tal como se vio en las negociaciones de la provincia de Buenos Aires con el bono BP21, primero, y de la Nación, después, con el bono dual.

Es en ese marco que las declaraciones oficiales comienzan a ser más específicas respecto de la posibilidad de un default. En la misma entrevista del jueves, Fernández aseguró que la Argentina ya estaba en default «técnico» desde que, a fines de agosto de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri «reperfiló» varias emisiones de bonos en pesos y en dólares.

Del mismo modo, la exposición del ministro Guzmán en la Cámara de Diputados el miércoles pasado fue leída en tono de desafío a los bonistas ya que si, como dijo el ministro, no habrá superávit fiscal hasta 2023, se da por descontado que no habrá recursos para el pago de la deuda pública.

Ajuste, para qué

Algunos relativizan la posibilidad de un default. Es el caso de José María Segura, economista jefe de la firma de consultoría PriceWaterhouseCoopers, quien en diálogo con Tiempo consideró que «todavía debe correr mucha agua para decir que el default es una salida inevitable». Para Segura, se está en presencia del inicio de las negociaciones entre el Estado argentino y los bonistas, con lo que «ambas partes muestran su mayor fortaleza posible».

El especialista consideró que «hay tiempo para que el proceso de negociación se desarrolle». Mientras tanto, el gobierno podría apelar al uso transitorio de las reservas del Banco Central para pagar vencimientos en moneda extranjera. Si bien descartó que se llegue a un acuerdo en marzo, tal como lo establece el cronograma oficial dado a conocer a fin de enero, Segura indicó que hay «algo más de margen como para avanzar» en el diálogo con los bonistas. Con todo, observó que el gobierno debe avanzar en «destrabar las negociaciones» por medio del anuncio de un plan de gobierno.

La idea de que el tono amenazante que adoptó el gobierno forma parte de las fintas propias de un primer round de observación toma cierto sentido en el contexto del mencionado cronograma oficial. Tras la presentación ante Diputados, el equipo de Economía repartirá su tiempo entre la atención a la misión del Fondo Monetario, que se quedará en el país hasta el próximo miércoles, y el inicio de las conversaciones formales con los bonistas, para lo cual se tomará diez días antes de la elaboración de un informe sobre lo conversado. También contratará a los agentes de información, los asesores financieros y los agentes de distribución, para lo cual ya hay cierto retraso.

Así como con los planteos ultimatistas, las decisiones del gobierno también dan pie a interpretaciones diversas. Por ejemplo, el ajuste en las jubilaciones anunciado el viernes último (ver página 6) podría tener dos lecturas: de un lado, un ahorro de 5000 millones de pesos por mes a fin de acumular recursos estatales ante el cimbronazo de un default; del otro, una demostración ante los acreedores de que se están generando los recursos con los cuales pagar la deuda y, de esa forma, convencerlos de que «hay voluntad firme de pagar», como dijo Guzmán ante los diputados.

Melisa Sala, economista jefe de la consultora LCG, también observa esta dicotomía. «Las probabilidades de un default subieron y eso se refleja en la caída de los precios de los bonos y en la suba del riesgo país», le dijo a Tiempo. «La posición más dura del gobierno, plasmada en el discurso de Guzmán en el Congreso, aunque puede ser una estrategia como parte de la negociación, también pueden reflejar el hecho de que quizá, para el gobierno, empieza a volverse viable la opción del default: altos costos mediante, todavía podría culpar a la gestión anterior de la decisión y se evitaría los costos de convencer a sus propias filas sobre la necesidad del ajuste fiscal que demandará un acuerdo con los acreedores», consideró.

LCG emitió un informe a sus clientes en el que advierte que la no presentación del programa económico, a pesar de los reveses con las recientes propuestas a los bonistas, podría deberse «a que la opción del default se está volviendo cada vez más atractiva para el gobierno».

Fondos, inflexibles

La opción del default no es patrimonio exclusivo del gobierno, más cuando los bonistas fueron los que marcaron la cancha en las dos negociaciones recientes. «Las posibilidades de acuerdo dependen de las dos partes, lo que implica una cierta flexibilidad de los acreedores para avenirse a la propuesta oficial. Pero los acreedores han mostrado inflexibilidad», le dijo a Tiempo el economista de la Universidad de Belgrano Víctor Beker. «El ejemplo fue lo que sucedió con el BP21, cuando no aceptaron una prórroga del pago de un vencimiento de capital. Eso fue una mala señal, porque el hecho de que la provincia pagara todo el vencimiento envalentonó a los acreedores. Eso se vio luego en la negociación del AF20, donde sólo el 10% aceptó la propuesta de canje del gobierno», detalló.

Beker observó que «este problema se va a reproducir todos los meses, con cada vencimiento. El mensaje que transmite Economía es que van a pagar lo que se pueda. Es decir, Economía también endureció su posición al ofrecer en canje, en un primer momento, bonos que implicaban quitas de hasta el 40% del capital».

Fernando Camusso, economista de Rafaela Capital, una boutique de inversiones de esa ciudad santafesina, consideró que la complejidad de la negociación de la deuda ha derivado en «un retroceso», lo que hace al default «más que factible, probable». Camusso remarcó que ese giró se dio «a partir del reperfilamiento del AF20»: como el gobierno no quiere emitir para pagar la deuda en pesos, si los acreedores no aceptan el canje «no hay otra que reperfilar», que no es otra cosa que un default.

¿Cómo funcionaría una economía en default? «El default ya lo vivimos. No es lo mejor, pero tampoco es el fin del mundo», dijo Beker. Los 15 mil millones de dólares de superávit comercial jugarían aquí un rol central ya que serían las únicas divisas con que contaría Argentina. A ello se le podría sumar lo que podrían aportar las cerealeras para ayudar a prefinanciar las exportaciones. Pero en el frente externo no habría mucho más. Al mismo tiempo, en el frente interno jugaría un rol central el salario ya que la aplicación de capital sólo iría hacia aquellos sectores dinamizados por el mayor consumo. Pero en un entorno de pérdida real del salario y de los ingresos en general, esta vía podría no prosperar.

Es que ese es el riesgo mayor: que el default sea la excusa para nuevos ajustes sobre las espaldas de la población y que, además, no sirva para sacar la economía del pozo. «