La aplicación del tarifazo y los frenos que impuso la Justicia para impedirlo se transformaron en una inflexión determinante para el gobierno de Cambiemos. La confirmación del impacto inunda los despachos que rodean a la oficina del presidente Mauricio Macri, aunque las lecturas son dispares, especialmente sobre el alcance del desgaste. Algunos hablan de «la primera crisis en serio» que tiene el gobierno, otros la minimizan al rango de «minicrisis» y un tercer grupo de funcionarios prefiere considerar el caso como «un examen determinante» que deberá afrontar la administración nacional sobre su gestión al frente de un asunto muy sensible para el bolsillo. También para el humor social.
Al calor del cacerolazo del jueves pasado, y más allá de los matices que evidencian distintos sectores del gobierno, todos los consultados coinciden en reconocer que el presidente tiene un problema en ciernes con la aplicación de un reajuste masivo cuyo desenlace ha quedado en manos de la Corte Suprema de Justicia. La resolución, caracterizan dentro de la Rosada, será el primer fallo de fondo que tomará el máximo tribunal en más de 12 años sobre el asunto tarifario, y la expectativa gira en torno a una sentencia «salomónica» que «valore los argumentos» que esgrime el gobierno, pero que contradiga y reordene la decisión de Macri. El atenuante de ese pronóstico oficial tiene que ver con «el reto» que el macrismo espera por parte de la Corte contra la Cámara Federal de la Plata, cuyo freno al tarifazo fue más allá de la jurisdicción bonaerense y le dio alcance nacional. La letra de la sentencia generó un impacto político no previsto dentro de la tormenta de amparos que empezaron a florecer en la mayoría de las provincias.
En medio de la confusión generalizada por el pago de las facturas de gas, y la controversia judicial que evoluciona con pronóstico reservado, el gobierno apostó a restarle importancia al cacerolazo del jueves pasado. Al día siguiente, el presidente Macri estaba más afectado por la derrota de Boca Juniors ante Independiente del Valle que por el alcance nacional de la primera protesta organizada contra su gobierno esa misma noche.
Macri no le dio entidad pero le dio vía libre al jefe de Gabinete Marcos Peña para organizar un timbreo masivo en las zonas más golpeadas por el tarifazo. La ofensiva «cuerpo a cuerpo» que se concretó ayer, con medio gabinete en la calle, reactivó una de las mayores herramientas comunicacionales que el PRO utilizó en su campaña electoral. Sin embargo, la directiva para reconquistar el territorio no sólo estaba dirigida a escuchar y contener a los electores malheridos por el ajuste, sino a reordenar la tropa propia del partido amarillo dentro de Cambiemos: una alianza donde la UCR pasó del rol de socio desconfiado al de aliado hipercrítico contra su propio gobierno (ver aparte).
«No es ninguna novedad que la oposición busque poner en duda nuestra capacidad de gobernar. Ya estamos acostumbrados. Pero la foto de (Sergio) Massa junto a Miguel Ángel Pichetto es un rejunte de perdedores. No sabemos a quién le va a generar más costos esa foto, pero consideramos que siguen tan fragmentados como antes, sin dejar de mencionar que ninguno tiene peso territorial», evaluaron ayer desde Balcarce 50 sobre la reunión que mantuvieron los dos opositores. El desdén está cruzado por la preocupación del gobierno ante la posible consolidación de liderazgos opositores que capitalicen la bronca contra el tarifazo. Cerca de Peña niegan que suceda ese fenómeno. «La sociedad todavía sigue muy dividida: hay un 50% que sigue apoyando a Mauricio, otro 20 rescata cualidades del actual y del anterior gobierno y hay otro 30% que sigue extrañando a Cristina», deslizó un secretario de Estado que celebró la televisación de los 4 millones de dólares que esta semana la Justicia extirpó de una caja de seguridad bancaria perteneciente a Florencia Kirchner. «Contra la televisación del dinero vivo no hay nada», sentenció el funcionario para revivir la euforia que tuvo cuando estalló el escándalo de las valijas del ex secretario de Obras Públicas José López.
Lejos de las oficinas de Peña abundan los interrogantes. «Hasta cuándo se podrá vivir de la herencia recibida para eludir los problemas de gestión y comunicación que tenemos», se preguntan. Los dardos están dirigidos hacia el jefe de los ministros y su equipo de comunicación «por negar los desaciertos para comunicar la gestión y para afrontar los embates generados por los errores propios». En esas oficinas, que reportan al Gabinete Económico, la lectura del primer cacerolazo no coincide con el discurso oficial. «El jueves hubo protestas en lugares donde nos votaron. Se sintió fuerte en Belgrano, en Palermo o en Vicente López. Hay que prestarle atención, no son tres giles que hacen quilombo. Es la primera vez que los errores tienen un costo político. Ahora el tiempo empieza a correr para nosotros, porque se resintió el humor social», reconoció el funcionario. «
Algo no cierra en las DD JJ
Una serie de inconsistencias detectadas por la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) en las declaraciones juradas del presidente Mauricio Macri volvió a poner en el centro de la escena judicial la investigación sobre la participación del mandatario en los Panamá Papers.
En el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia de la ex legisladora porteña Gabriela Cerruti, el juez federal Sebastián Casanello solicitó que la Procelac le remita el informe elaborado a partir de la comparación entre las declaraciones juradas que Macri presentó cuando era candidato y todavía jefe de Gobierno de la Ciudad.
Según difundió el diario La Nación, «las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan, en algunos ítems, conceptos y valores diferentes». Según la Procelac, como jefe de Gobierno porteño presentó en junio de 2015 su declaración jurada correspondiente al año anterior, que se combinó dos meses después con la que entregó a la OA, con valores distintos. En la primera informó que su patrimonio ascendía a $ 68 millones, mientras que lo redujo a $ 52 millones en la segunda.
