El gobierno ajusta los planes sociales

La resolución del Ministerio de Desarrollo Social sobre la transformación de los programas vigentes en el nuevo programa de capacitación «Hacemos Futuro» desmiente el mensaje del Presupuesto 2018, en el que taxativamente el gobierno asegura que «se sostienen los programas de transferencia de ingresos como Argentina Trabaja, Ellas Hacen…». La decisión fue interpretada como un ataque a las organizaciones por su participación en la movilización del pasado 21 de febrero.

Es que este cambio implicaría la disolución de las unidades ejecutoras bajo control de esas organizaciones, que son los entes encargados de administrar las cooperativas de trabajo y para lo cual disponen de un presupuesto adicional a los $ 4400 que perciben en forma directa los beneficiarios. Son $ 11 mil anuales por cada subsidio, que se destinan a la compra de insumos y herramientas de trabajo y al funcionamiento de la propia unidad ejecutora.

Su creación data de 2011 y ya había sido criticada por algunas organizaciones sociales que las consideraron un mecanismo que, en los hechos, bloqueaba el acceso de los desocupados al trabajo genuino y bajo convenio generado por los municipios que, a través de esas cooperativas, tercerizan servicios creando una nueva forma de precarización laboral.

Su eliminación, ahora, no será en favor de blanquear ese trabajo sino, por el contrario, para promover un programa de capacitación y formación sin inserción laboral.

La medida parece responder a un problema más profundo toda vez que, hace poco menos de un año, el gobierno tenía en mente otro destino para los 400 mil beneficiarios de esos programas sociales.

El 2 de mayo de 2017, el presidente Macri mediante el decreto 304/2017 creó el Plan Empalme con el propósito, señaló, de «fomentar la cultura del trabajo y la inserción laboral». Allí se extendió a los 400 mil beneficiarios de esos planes el Programa de Inserción Laboral (PIL) vigente desde 2006.

El plan ponía a disposición de las empresas que así lo solicitaran los beneficiarios de los programas. El Estado garantizaría el pago de los actuales $ 4400 durante dos años. Las empresas tendrían que completar el monto hasta cubrir el salario de convenio.

De ese modo los programas se convertirían en un subsidio directo al capital privado por un monto potencial de $ 15 mil millones. El éxito del programa, por otro lado, hubiera permitido la paulatina disolución de las unidades ejecutoras que perciben $ 4400 millones administrados principalmente por los municipios y también las organizaciones sociales.

Sin embargo, a diez meses del decreto, los resultados no han sido los mejores. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, en la actualidad, hay 7700 personas en el Programa Empalme. Si bien desde la cartera laboral aseguran que esos resultados «son positivos», la realidad es que se trata de un 1,9% del total de los beneficiarios al momento del decreto.

Según esas fuentes, la inserción se produjo esencialmente en los sectores de servicios como hotelería, gastronomía y mantenimiento porque «es donde más impacto se da en la relación costo-beneficio para las empresas y donde más cuajan las habilidades de los beneficiarios de los programas».

Ya en el momento de su lanzamiento los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) habían mostrado su escepticismo. Juan Carlos Sacco señaló que «serviría si se reactiva el mercado interno». 

Un año después, consultado por Tiempo, el mismo dirigente señaló: «Sigo pensando lo mismo, la industria genera empleo con el mercado interno y si funciona la macroeconomía. La mayoría de la industria sigue parada y retrocediendo, era esperable este resultado».

Por el lado de las organizaciones sociales, Rafael Klejzer, dirigente de la CTEP, señaló que «hace 20 años que existe este tipo de programas, desde Menem, y nunca vi que se generara un puesto de trabajo por esa vía. El empleo lo genera la macroeconomía. La realidad es que quieren hacer un ajuste y atomizar el reclamo cuando se vayan cayendo los planes».

Eduardo «Chiquito» Belliboni, dirigente del Polo Obrero, recordó que «los mismos empresarios lo rechazaron. Nosotros tuvimos predisposición, presentamos al secretario de Empleo un listado con 2300 nombres para ingresar a la construcción con este mecanismo. Compañeros con el oficio y dispuestos a ingresar al día siguiente. No llamaron ni a uno solo. El problema es que la industria tiene entre un 40% y un 50% de capacidad ociosa. Los capitalistas no quieren invertir ni subsidiados. En la medida que no haya un desarrollo económico no pasa nada», concluyó. «