Se trata de Joaquín Ignacio Mogaburu, secretario del TOF 7, quien reemplazará al ex juez Alberto Baños, encargado de despidos masivos y vaciamiento de áreas clave.
La salida de Baños se produjo luego de que negara la cifra de 30 mil desaparecidos en el Comité contra la Tortura de la ONU, donde asistió para defender las políticas represivas del gobierno naciona. Allí, el ex juez cercano al ministro Mariano Cúneo Libarona acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina” y ponerla “de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”.
Este fue el último gesto negacionista de Baños, quien durante su gestión lastimó gravemente las políticas de derechos humanos que llevaba adelante la Secretaría: durante sus dos años en el cargo, vació áreas sensibles como Sitios de Memoria y las querellas en las causas por crímenes de lesa humanidad.
Los despidos masivos se sumaron al cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y a la reducción a sus mínimas expresiones de la mayoría de las áreas, como el Archivo de la Memoria. El vaciamiento afecta incluso a lugares protegidos como el Museo Sitio de Memoria Ex ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco, que ante la falta de personal y presupuesto debe reducir la atención al público.
“El Ministerio agradece al Dr. Baños por haber acompañado el inicio de la reestructuración del área de Derechos Humanos. Un proceso durante el cual el Gobierno Nacional puso fin a una estructura sobredimensionada utilizada para currar y albergar a empleados militantes”, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado difundido este miércoles, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Su reemplazante, Mogaburu, es abogado, tiene formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal y se desempeñó hasta hace unos meses en el Tribunal Oral Federal 7, que hoy tiene a su cargo el juicio oral por la causa Cuadernos.
En su breve trayectoria en el Ministerio de Defensa de Luis Petri, trabajó codo a codo con Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, dos de los impulsores de la “memoria completa”, que buscan condenar los crímenes de las organizaciones armadas en los 70’s para justificar el terrorismo de Estado.
“Bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará el proceso de ordenamiento del área: se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, sostuvo el ministerio y agregó: “Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”.
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