El Gobierno anunció medidas que ya estaban vigentes y prometió declarar de lesa humanidad un caso rechazado hasta por la Corte Suprema

El gobierno Nacional inició este 24 de marzo con una escalada de gestos destinados a evitar que la tradicional marcha a Plaza de Mayo por el 49 aniversario del Golpe de Estado domine la agenda. Al video protagonizado por Agustín Laje insistiendo con la idea de la memoria completa de la mano de la teoría de los dos demonios, se sumó el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni de la decisión del presidente de desclasificar los archivos de la SIDE correspondientes al período 1976- 1986 y a la vez propiciar ante la CIDH la declaración como delito de lesa humanidad el asesinato del capitán Humberto Viola, ocurrido en 1974.

“La Oficina del Presidente destaca la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, haciendo un llamado a la reflexión en busca de la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970. El reconocimiento pleno de nuestro pasado y la libertad para debatirlo son condiciones esenciales para cerrar heridas y construir un futuro donde la historia sea historia y no un relato político partidario” señala el comunicado oficial.

Las trampas del Gobierno

Los dos anuncios son tramposos: la decisión de declarar un delito como lesa humanidad le corresponde a la justicia que en dos oportunidades rechazó esa posibilidad en el caso Viola. Y la apertura de archivos a disposición de la justicia y las partes involucradas en las causas se realizó durante la gestión de Cristina Caamaño al frente de la entonces AFI.

La causa por el asesinato de Viola recorrió un camino dentro de las garantías constitucionales que se inicia en octubre de 2009, cuando la viuda del militar apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la sentencia del juez federal subrogante Daniel Bejas, quien se negó a reabrir la investigación al considerar que no se trataba de delitos de lesa humanidad.

La Cámara no compartió el criterio de Bejas y recordó que la CIDH estableció que la aparición de nuevas pruebas que permitan establecer que un crimen fue delito de lesa humanidad puede permitir la reapertura de un expediente. Sin embargo, se opuso a esto último al considerar que los responsables ya habían sido juzgados.

La señora de Viola interpuso a su vez un recurso en Casación, al considerar que los autores mediatos del ataque contra sus familiares habían sido los integrantes del buró político de la organización guerrillera ERP que lideraba Roberto Santucho. La Cámara rechazó también este recurso y luego la Corte Suprema se opuso a abrir el recurso extraordinario. En 2016 la viuda del militar asesinado recurrió a la CIDH en la búsqueda de justicia.

En 2022, durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible, en sintonía con lo expresado por la justicia en sus distintas instancias.

Este lunes, el Gobierno de Javier Milei anunció que “ha alcanzado un acuerdo de solución amistosa con la familia del Capitán Humberto Viola, fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista en la Argentina mediante la lucha armada” y “ha tomado la decisión de acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno”

Además, anunció que como parte de este acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”.

Respecto de la decisión de desclasificar los archivos en poder de la SIDE, la Casa Rosada expresó: “En línea con el objetivo de garantizar una conmemoración basada en la transparencia y la libertad de expresión, el Presidente de la Nación ha ordenado la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983. Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad”.

Sin embargo la decisión de desclasificar esos archivos ya había sido tomada por el gobierno de Alberto Fernández que inclusive llegó a conformar una mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada a través de la Resolución 467/2021 (ttps://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246541/20210706), publicada en el Boletín Oficial. Esa documentación estuvo a disposición de las partes interesadas, los organismos de derechos humanos y el poder judicial, encargado de tramitar las causas de Lesa Humanidad.