Exigirá a la Justicia la anulación de los contratos de los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires El perjuicio generado al Estado y a los usuarios se calcula en U$S 2 mil millones.
El Ejecutivo cuestionó la renegociación realizada en 2018 por el gobierno de Cambiemos que reconoció una deuda estatal en su favor, prorrogó la concesión hasta el año 2030 y estableció un régimen de actualización tarifario atado al dólar. Los nuevos contratos habían sido firmados por el ex presidente Mauricio Macri y sus ministros de Transporte Guillermo Dietrich y de Energía Javier Iguacel.
El propósito de la decisión es llevar el diferendo a la justicia. Para Gabriel Katopodis, las renegociaciones fueron “a la medida de las empresas”. El presidente de la Nación, por su parte, señaló que las “dos renegociaciones de contratos fueron significativamente ventajosas para las concesionarias y altamente perjudiciales para el Estado Nacional y fundamentalmente para los usuarios”, por eso, explicó «estamos pidiendo a la justicia que anule estos contratos y cautelarmente nos restituye la administración».
El titular de la cartera de Obras Públicas aseguró que “existieron funcionarios de los dos lados del mostrador. Funcionarios que ejercían cargos en las empresas de peajes que luego ejercieron como funcionarios de Vialidad Nacional y ahora volvieron a esas mismas empresas”.
Según el ministro el peso de las deudas “recayó sobre el Estado y los usuarios”. Es que, puntualizó Alberto Fernández, “si hubiéramos permitido que el contrato fuera aprobado y se aplicara, quien hoy paga $100 en el peaje de la Autopista del Sol, según la renegociación hoy debería estar pagando $1.800 según como fuera firmado y homologado por el Poder Ejecutivo Nacional”.
El presidente señaló que “buscamos ordenar el sistema de autovías concesionadas. Ya recuperamos 7 mil km que estaban concesionados y ahora administra el Estado con buenos resultados”.
Alberto Fernández agregó que “no vamos a permitir abusos. Lo vamos a hacer en este caso como lo hicimos con el Correo”. Al mismo tiempo, estimaron que el perjuicio al Estado y los usuarios alcanza una suma equivalente a los U$S 2 mil millones.
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