El gobierno baja el tono sobre las domiciliarias a represores

El funcionario, quien días atrás había hecho circular que su cartera no apelará los fallos que manden a sus casas a los condenados por delitos de lesa humanidad, señaló que en el caso de Etchecolatz el gobierno todavía «está analizando si corresponde o no la prisión domiciliaria».

Si bien dejó abierta la posibilidad de rechazar el beneficio en el caso del ex comisario bonaerense, señaló que «la prisión domiciliaria es un derecho» y que «hay que respetar la igualdad ante la ley». Indicó que de las 460 prisiones domiciliarias, sólo se adjudicaron 20 prisiones domiciliarias desde el 10 de diciembre.

En diálogo con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel en Detrás de lo que Vemos (AM 750), Avruj también habló sobre la situación la política de derechos humanos durante el kirchnerismo y la actual gestión. Señaló que el gobierno anterior «utilizó en demasía el argumento de los derechos humanos y descuidó una agenda mucho más amplia».

Los cambios en la postura del funcionario sobre las domiciliarias se produjeron después de una dura respuesta de los organismos de derechos humanos, que el lunes al mediodía en la puerta de la Secretaría en la ex ESMA denunciaron los “gravísimos retrocesos” en las políticas de Estado en materia de derechos humanos.