El gobierno británico debera esperar la autorización del Parlamento para el Brexit

La sentencia significa que la primera ministra, Theresa May, no puede iniciar las negociaciones con la UE hasta que los parlamentarios den su autorización, que debería ocurrir antes del 31 de marzo, fecha límite que se autoimpuso el gobierno británico.

El tribunal Supremo rechazó, de esta forma, por ocho votos contra tres, el recurso que había presentado el gobierno contra un fallo anterior que pedía consultar al Parlamento antes de invocar el artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.

Según el dictamen, el gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que «esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento».

El fallo, leído por el presidente de la Corte Suprema, dice llanamente que «por una mayoría de ocho a tres, la Corte Suprema de Justicia hoy dictaminó que el Gobierno no puede activar el artículo 50 sin una ley del Parlamento que lo autorice a hacerlo».

El fallo también estableció que el Gobierno británico no tiene que consultar al Parlamento Escocés, la Asamblea Galesa y la Asamblea de Irlanda del Norte antes de activar el Brexit.

Poco después de conocido el fallo, el ministro británico para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, anticipó la respuesta del Ejecutivo de Theresa May al anunciar que el Gobierno presentará en los «próximos días» un proyecto de ley «claro y directo» para iniciar la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que pone en marcha la salida de un país de la UE.

«Esto no es un debate sobre si el Reino Unido debe o no abandonar la UE. Esa decisión ya la tomó el pueblo británico», recalcó Davis, para circunscribir el debate y sentar posición tras el histórico fallo.

«Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y valoramos la independencia del poder judicial, pero esto no cambia nada: el Reino Unido va a salir de la Unión Europea», sentenció Davis en una comparecencia en el Parlamento.

«Ya no hay vuelta atrás. Buscaremos una salida que sea en el mejor de los intereses para el Reino Unido», añadió y subrayó que «el punto de no retorno pasó el 23 de junio de 2016», cuando los británicos votaron en referendo que querían abandonar el bloque comunitario.
Según declaró el presidente de la Corte Suprema David Neuberger, «las relaciones con la UE son competencia del gobierno del Reino Unido.»

Sin embargo, el fallo abrió otro frente de controversia luego que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, -si bien saludó el fallo del Alto Tribunal- se mostró decepcionada con el hecho de que éste no considerara obligatorio consultar también al Parlamento escocés, al de Gales y al de Irlanda del Norte.

Pese a ello, consideró que sigue habiendo «una clara obligación política» de hacerlo.
Sturgeon, que dirige el Partido Nacional Escocés, subrayó que «día a día queda más claro que la voz de Escocia no se oye ni se escucha dentro de Reino Unido».

«Esto genera cuestionamientos fundamentales sobre la integración tanto en la UE» como en otros temas, aseguró Sturgeon, quien ya dijo que buscará un segundo referéndum de independencia del Reino Unido si «los escoceses son obligados a abandonar la UE contra su voluntad»

En tanto, tras la lectura del fallo, el Procurador General, Jeremy Wright dijo que el gobierno en Londres «está ‘decepcionado’ pero ‘cumplirá’ y hará ‘todo lo necesario’ para implementar la sentencia del tribunal».

A su vez, el líder laborista Jeremy Corbyn afirmó que respetará la voluntad del pueblo británico y tratará de modificar el artículo 50, pero no buscará detener su proceso.

Sostuvo que su partido trabajará para evitar que el Reino Unido se convierta en un paraíso fiscal y tratará de apoyarse en los principios de acceso libre de aranceles al mercado único y al mantenimiento de los derechos de los trabajadores y las protecciones sociales y ambientales.

En tanto, Gina Miller, la mujer que llevó el Brexit a los tribunales, directora de su propio Fondo de Inversión SMC Private, dijo que «ningún primer ministro y ningún gobierno pueden no respetar o cuestionar esta decisión» ya que sólo el Parlamento es soberano.

«No hay duda de que Brexit es la cuestión más controversial para esta generación, pero este fallo fue sobre el procedimiento de su implementación y no sobre su política», dijo. Miller agregó también que se sorprendió por «el nivel de ataques personales que había sufrido simplemente por hacer una consulta legítima».

Miller, nacida en Guayana pero educada en el Reino Unido, se define a sí misma como una persona de carácter fuerte y un enorme sentido de la Justicia. Es también cofundadora de la Fundación True and Fair que busca «ofrecer al pequeño consumidor transparencia en productos financieros como pensiones o cuentas de ahorro».

La primera ministra ha insistido en que invocará el artículo 50 antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera (boreal) de 2019.

La periodista y columnista de The Guardian desde 1998 Polly Toynbee opinó hoy que el Parlamento debería comenzar trabajando con el ánimo y la buena voluntad adecuada «con nuestros amigos y vecinos europeos y darle la bienvenida de forma incondicional a todos nuestros ciudadanos de la UE que residen aquí», dando una buena muestra del humor social de parte de los británicos.

Está claro que si bien el fallo de la Corte Suprema no revoca el referéndum del 23 de junio, tendrá repercusión más allá de lo legal, dado que los partidos políticos y sus representantes parlamentarios deberán comprometerse en la implementación de la ley, y por tanto sus consecuencias deberán tener consenso en una amplia mayoría del espectro político nacional.

El Parlamento tiene ahora la oportunidad de establecer elementos fundamentales de cómo deberá ser convocado el artículo y cómo se definirá la hoja de ruta en caso que éste finalmente no condujese a una salida acordada entre el Reino Unido y la Comunidad Europea.

El futuro político y económico del Reino Unido continúa siendo incierto; sin embargo la restitución del Parlamento como eje fundamental de la aplicación de la ley refleja una tradición centenaria que da algo más de estabilidad al proceso por venir.