El gobierno busca ahorrar $37 mil millones en subsidios

El gobierno planea reducir en más de $ 37 mil millones los subsidios al consumo de energía y combustibles para el año que viene. La diferencia que se necesita para asegurar el mantenimiento del sistema, más la necesaria actualización por la inflación, será abonada por los usuarios en las boletas de luz y gas y por los automovilistas cuando se detengan frente a los surtidores.

La continuidad del plan oficial de reducción y quita de subsidios quedó confirmada con el proyecto de Presupuesto que fue presentado en la Cámara de Diputados. Entre la maraña de artículos, títulos y números, aparecen los fondos destinados al rubro Servicios Económicos-Energía, Combustible y Minería. Allí consta la previsión de transferencias corrientes por $ 103.184 millones. Esa suma es la que planea utilizar el Ejecutivo para compensar a las empresas productoras por la proporción de sus costos que la facturación a sus usuarios no llega a cubrir.

El año pasado, cuando se elevó el cálculo de gastos y recursos para 2017, se había previsto un fondo de $ 140.934 millones, con lo que la reducción en términos nominales es de $ 37.750 millones, un 26,8% del monto original. En los hechos la disminución no será tan abrupta, porque los giros efectivos a las empresas prestatarias fueron menores a lo previsto, ya que se advirtió una fuerte caída en los consumos de electricidad y gas (entre 11% y 18%, según datos de Fundelec y del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo) por la combinación de alza de tarifas y un invierno no tan frío como el de 2016. Según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), la comparación entre el presupuesto vigente a la fecha, luego de la reducción en los giros y otras modificaciones, y el proyecto para 2018 es de 18,7%, lo que de todas maneras la transforma en la mayor reducción prevista para toda la Administración Pública Nacional.

A la disminución nominal hay que agregarle la inflación del año que viene, que el mismo proyecto oficial estima en 15,7% sobre el promedio de este año. Si se le agregara este factor, necesario para sostener la calidad de los servicios, la caída en términos reales sería de 36,7%.

Cuestión de principios

Aunque muchos analistas afirman que los subsidios a la energía son la principal razón del déficit fiscal, las transferencias previstas son apenas el 0,8% del PBI. Es sólo una cuarta parte del desequilibrio primario, estimado en 3,2%, y un séptimo del déficit financiero, que se prevé será de 5,5% del producto en 2018. Sin embargo, en el Ministerio de Energía invocan cuestiones más conceptuales para apurar el camino hacia su eliminación: entre los fundamentos de su formulación presupuestaria para el año que viene, y hablando específicamente de los hidrocarburos, se señala que «las iniciativas están orientadas a avanzar hacia el restablecimiento de los principios de libre disponibilidad de los hidrocarburos y el libre juego de la oferta y la demanda en la determinación de sus precios». Por eso el gobierno pactó con las empresas refinadoras una fórmula de ajuste trimestral de los combustibles que contempla la adopción a mediano plazo del valor internacional del barril de petróleo, abandonando el precio sostén que se viene abonando en los últimos años, y que incluye el tipo de cambio como factor de ajuste para evitar nuevos retrasos en el precio.

En la parte de energía eléctrica, entre las metas cuantitativas, Energía se plantea que el 61% del costo mayorista de generación sea cubierto por los usuarios. En ese tren ya se autorizó a comienzos de año un incremento en el valor de la energía de 39% y falta resolver el monto del segundo, que entraría a regir en noviembre. Además, en el área metropolitana resta aplicar la segunda parte del aumento de 80% del VAD (la parte de la tarifa que remunera el servicio de distribución a los hogares que prestan Edenor y Edesur): el 42% se aplicó a comienzos de año y habría otro 19% en noviembre y un último 18% en febrero.

En materia de gas, en tanto, se espera para octubre la tercera actualización semestral del «sendero de ajuste» que diseñó el Ejecutivo a fines del año pasado, cuando presentó en audiencia pública su plan para remunerar a las empresas productoras. Allí se fijó un valor inicial que significaba que los usuarios debían hacerse cargo del 50% de ese valor y que cada seis meses habría un aumento de alrededor del 10% en dólares para llegar en 2019 a la quita total de los subsidios. Eso significaría para el mes que viene una suba en las boletas superior al 20%, considerando el ajuste a las gasíferas y la devaluación ocurrida en los últimos meses.

Boletos, por favor

Según el cálculo de ASAP, la masa global de subsidios destinados al transporte subirá apenas 0,6% y alcanzará los $ 140.052 millones, incluyendo tanto transferencias corrientes como gastos de capital del Estado. Esto arrojaría una clara disminución a valores constantes y la necesidad de actualizar las tarifas. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio una pista al respecto esta semana en una entrevista con Radio Mitre: «Al menos vamos a tener que compensar la inflación. Los montos no están definidos pero sí vamos a tener una baja de subsidios en ese sector». «

Una comisión que no debate

A diferencia del año pasado, cuando la agenda de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Luciano Laspina, tenía los casilleros del calendario llenos, en esta oportunidad abundan los espacios sin llenar: de hecho, al cierre de esta edición, no hay una nueva cita de los 49 integrantes para continuar el debate del proyecto de Presupuesto 2018. Los diputados de la comisión no saben cuándo volverán a reunirse. Consultado el legislador salteño Pablo López, del PO-FIT, dijo que «no se estableció una nueva cita y lo que hay son rumores de postergación del debate hasta diciembre». Si bien la movida oficialista está avalada por el reglamento, no pasa desapercibido para los legisladores el sentido que tiene. La oposición considera que el gobierno oculta el plan de acción que tiene preparado para después de octubre. «Se trata de una maniobra. El gobierno no puede discutir su política de Estado plasmada en el proyecto de Presupuesto, durante el proceso electoral porque tienen que ocultar el impacto del tarifazo y el ajuste que va a recaer sobre la población trabajadora porque al mismo tiempo pretenden reducir la carga impositiva», concluyó el diputado.