El gobierno busca frenar definitivamente los tarifazos e intervenir al ENRE y al ENARGAS

El congelamiento de tarifas fue una de las promesas de campaña de Alberto Fernández. Una semana después de la asunción, los tarifazos son uno de los principales tópicos del proyecto de Ley de Emergencia Económica que el oficialismo envió al Congreso.

En el texto, que declara la emergencia pública en distintos aspectos, el apartado B del Artículo 2 propone reglar con “criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”, además de “reordenar el funcionamiento de los entes reguladores”.

Sobre el primer punto, no profundiza sobre cómo se hará efectiva esa equidad y sustentabilidad, aunque sí especifica que se faculta al Ejecutivo a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” con un plazo máximo de seis meses, con el fin de lograr “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.

El documento deja en claro también dos aspectos importantes: la marcha atrás del traspaso de Edenor y Edesur a Ciudad y Provincia de Buenos Aires; y la intervención de los organismos de control federales, que son el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), por un año.

Sobre el primer punto, también queda sin efecto la creación de nuevos organismos de control y tanto Edenor como Edesur continuarán bajo la órbita del ENRE.

Tanto el ENRE como el ENARGAS son entes autárquicos. Durante la gestión Macri, las direcciones de ambos entes fueron duramente criticadas por las organizaciones de defensa al consumidor. “Es poner al lobo a cuidar el gallinero”, graficó Osvaldo Bassano al momento de la designación de Andrés Chambouleyrón como presidente del ENRE, a principios de 2018.

Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), expresó a Tiempo su lectura del proyecto. “Es una excelente noticia para los consumidores. Es una forma de detener la voracidad de los aumentos. Renegociar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) es clave porque las facturas son excesivamente caras por el servicio que prestan las empresas”, aseguró.

La RTI fue la herramienta que adoptó el gobierno de Macri para establecer los aumentos de tarifas, que rondaron el 3.000 por ciento durante los 4 años del mandato. Consistió en que las empresas pedían en audiencias públicas un porcentaje de aumento y luego el gobierno decidía si lo otorgaba o no, a través del ENRE y del ENARGAS. En esas audiencias, se permitía también la participación catártica de usuarios y consumidores.

Sobre la intervención del ENRE y del ENARGAS –que despertó polémica por tratarse de entes autárquicos-, Bassano opinó: “Está perfecta la intervención. Quienes están a cargo son empresarios que velan por el bienestar de las empresas. Tienen una infinidad de reclamos no resueltos y también resuelven en contra de los consumidores. Hay que terminar con la corruptela de estos personajes a cargo de estos entes”.

A partir de estas medidas, “hay que pensar detenidamente cuál es el sistema que le conviene al consumidor y al país, no a las empresas”, apuntó el especialista y agregó: “Las diferencias que hay entre los costos de producción y el precio que pagamos los usuarios son astronómicas. Si a las empresas no les gusta, que se vayan”, finalizó.

La carta de intención está escrita y ahora queda en manos del Congreso determinar si los tarifazos energéticos constituyen una medida a sostener o a modificar.