El Gobierno busca «minimizar el impacto» de los copagos en prepagas

Las asociaciones de consumidores advirtieron que el aumento del copago anunciado por las prestadoras de servicios es ilegal porque necesita autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Según anunció la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), a partir del 1 de enero comenzarán a cobrar un copago del 9% de cada prestación a los pacientes de las empresas de medicina prepaga. La ministra Carla Vizzotti dijo que no necesita una autorización por parte del Gobierno nacional y convocó a una reunión para “tratar de mitigar el impacto que le genera a la gente”.

Desde la FAPS emitieron un comunicado en el sostienen que volverán al sistema de copago para pacientes de Medicina Prepaga y Obras Sociales que costará 9% del valor de cada prestación. El argumento es que atraviesan una crisis económica y financiera por el aumento de los costos. “Son ingresos regulados y atrasados respecto a la inflación, lo que genera un desfasaje económico que pone en peligro la sostenibilidad del sistema”, sostiene el comunicado. Frente a esto, las asociaciones de consumidores rechazaron el aumento y recalcaron que es ilegal porque debe ser autorizado por la SSS.

El director de Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, indicó que lo único que está autorizado es el incremento de la cuota en un 9%, pero no el copago. “No está permitido, ya tienen un aumento del 9% para el mes de enero. Si la Superintendencia no los autoriza tienen que devolver el dinero, se lo podrán cobrar ahora, pero la prepaga tendrá que devolverlo. Es bastante inmoral porque una persona no está para que le digan que tiene que pagar 500 pesos porque sino no le hacen el estudio. Es una usura.

Vienen incrementando la medicina prepaga a razón del 30% o 40% sobre la inflación anual desde el año 2015.  Desde ese año tiene superávit de más de 100% por sobre la inflación y no han hecho inversión en salud. En la mayoría de los casos hicieron inversiones en empresas privadas, inmobiliarias, canales de televisión, evaden divisas del país, pero no ponen un peso. Se han cerrado infinidad de sanatorios”, afirmó el abogado en diálogo con Tiempo.

Esta mañana, la ministra Vizzotti se refirió al tema y dijo que no es necesaria la autorización del Poder Ejecutivo, pero que “se sentarán con todos los actores para para minimizar el impacto en la población”. “No hace falta autorizarlo, con la Ley de Prepaga pueden cobrar copago sin autorización”, afirmó hoy en El Destape radio.

En un sentido contrario, Bassano indicó: “No le pueden modificar el contrato que está establecido en la norma,dice textualmente que no la pueden aumentar la tarifa y tienen que comunicarlo. La única que puede autorizar el aumento es la Superintendencia por cada medicina. Una vez que se le cobró el copago, lo tiene que reclamar para que se lo devuelvan. A parte, debería ser sancionada la empresa de medicina prepaga por hacerle pagar de más al consumidor. Hay un juego entre el sanatorio, el prestador del servicio y la empresa prepaga que trabaja como usureros. Se quedan con la plata del consumidor y no pagan los servicios”.

“No le aumentan ni siquiera al personal de salud, lo tienen con muy bajo costo. El consumidor está pagando sin tener la contraprestación como corresponde. Después, ese aumento tardan meses en devolverlo y eso es poco menos que inmoral. Esto es lo que están haciendo esas empresas que le están debiendo a los usuarios casi 50 millones de dólares por juicios colectivos”, agregó el abogado.