El gobierno buscó quebrar el paro a último momento con una conciliación obligatoria ilegal

El ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello lanzó a última hora del miércoles un comunicado en el que anuncia el dictado de una conciliación obligatoria que, dicen, pesaría sobre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Roberto Fernández y el sindicato La Fraternidad de Omar Maturano.

La decisión, adoptada a horas del paro general convocado por la CGT por la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero incluye la intimación “a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite”.

Para el organismo oficial “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.

Ocurre que la decisión no resiste ningún análisis de derecho laboral básico en tanto la conciliación obligatoria es un recurso del que se vale el Estado para discontinuar un conflicto en curso y abrir paso a una negociación entre las partes. En este caso, de existir tal resolución, estaría referida a conflictos particulares de cada uno de esos gremios que eluden el alcance de un paro nacional convocado por la CGT que es una organización de tercer grado a diferencia de la UTA y La Fraternidad que como ksindicatos son organizaciones de primer grado.

Así lo confirmó a Tiempo Argentino Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Latinoamérica que explicó que “la finalidad de la conciliación obligatoria es que la administración convoque a las partes a una mesa para que resuelvan un conflicto. Para que en ese contexto de paz social traten de llegar a un acuerdo y se resuelva ese conflicto”.

Por el contrario, puntualizó Cremonte, “una huelga general, o un paro general convocado por la CGT a la cual la UTA está adherida como gremio confederado, no afecta a esa conciliación. De hecho, la huelga general no es puntualmente contra la contraparte de la UTA sino contra el gobierno nacional. Es una medida para presionar a los legisladores de modo tal que no aprueben una ley que va a afectar al conjunto de la clase trabajadora. Sería absurdo pretender que esta huelga esta abracada por aquella conciliación obligatoria”.

El gobierno buscó así, a horas de un paro general, desinflar el conflicto y, quizás, ofrecer un salvoconducto al propio Roberto Fernández para que deje sin efecto la medida. Algo que ya ocurrió con motivo del paro general anterior.