El gobierno confía en un aval judicial para tomar el control de las autopistas

El gobierno confía en que la justicia le dará la razón en su pedido en favor de una medida cautelar que congele los contratos de concesión que benefician a Ausol (autopista Panamericana) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO, en el Acceso Oeste). Eso sucedería dentro de los próximos diez días, dependiendo de la velocidad con que el Ministerio de Obras Públicas, al mando de Gabriel Katopodis, presente la demanda ante la justicia.

Obras Públicas, junto con la Dirección Nacional de Vialida, presentará dos pedidos ante los tribunales. De un lado una cautelar para que, de forma inmediata, se congele la aplicación de los contratos de concesión de ambas autopistas. Del otro, una demanda por «lesividad» contra las concesiones, que fue ordenada en el decreto 633/2022 publicado en el Boletín Oficial esta semana.

Una vez presentada, la demanda llegará a la Cámara  en lo Contencioso Administrativo, la que sorteará el juzgado que la tomará. En medios oficiales se cree que el juez a cargo podría tardar algunos pocos días en tomar una decisión respecto del amparo. En cambio, la cuestión de fondo puede tardar años en resolverse. En el gobierno aseguran que con la cantidad de pruebas que aportarán será casi imposible que la Justicia rechace la medida cautelar y la vuelta de la Panamericana y el Acceso Oeste a manos estatales.

En declaraciones a Radio Continental, Katopodis aclaró que no se está pidiendo «la nulidad» de los contratos, sino que «la Justicia analice los elementos presentados para determinar si nuestra posición es fundada y estamos ante una situación ruinosa y abusiva contra el Estado».

Pero se entiende que si el juez otorga el amparo es porque estaría reconociendo que se está cometiendo un delito. «Además de pedirle a la Justicia que anule los contratos, vamos a presentar una acción de amparo para que la administración de las autopistas pase al Estado», dijo Katopodis a Radio Con Vos.

Para el funcionario, «es un negociado porque es un reconocimiento de una supuesta deuda cuya existencia y cuantía no fue acreditada en ningún lugar de las actuaciones», agregó. Y precisó: «De un día para el otro los argentinos nos enteramos que le debíamos más de 800 millones de dólares a estas empresas».

El eje del debate es la existencia de esa deuda. La construcción de pasivos, muchos de ellos en base a contabilidad creativa, fue una constante en los reclamos que hicieron las empresas de servicios públicos contra la Argentina en el Ciadi. El macrismo asegura que reconoció ese pasivo en base a los distintos expedientes que los gobiernos de Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández, después, firmaron con las dos empresas a lo largo de los años sin llegar a una resolución final. Y que por ello dolarizó los peajes y extendió el plazo de explotación de los peajes hasta 2030. Si se estuviera aplicando ese acuerdo, el peaje en la Panamericana debería costar $ 1830 y el de Acceso Oeste, 1072 pesos.

En el gobierno creen que la investigación que pedirán a la Justicia podría arrojar nuevos elementos útiles para la causa Peaje, que ya motorizó la justicia federal y que ahora languidece tras los sobreseimientos de los principales acusados (ver aparte).

Dentro de la administración de Alberto Fernández también destacan el hecho de que se haya realizado una presentación judicial y no se haya actuado por decreto. Aseguran que ello responde a varios factores: el primero, que el momento delicado de la economía argentina, que requiere de respaldo internacional, tanto en el Fondo Monetario como en los demás organismos internacionales. «Está en juego la credibilidad del gobierno», aseguran. «