Los reunirá a las 16 de este viernes para que firmen una declaración de respaldo a su política ante la emergencia social y la renegociación de la deuda pública.
De un lado, el encuentro será el puntapié inicial para la conformación del Consejo Económico y Social, un andamiaje que Alberto Fernández promovió durante la campaña electoral y que apunta a convertirse en un lugar para generar consensos entre los empresarios y los sindicalistas.
Del otro, la reunión aparece como un espaldarazo al gobierno nacional tras los escarceos que generó la votación de la Ley de Solidaridad Social y de cara a la renegociación de la deuda pública que ya se lleva adelante.
Heridos
El proceso veloz de votación de la norma tuvo varias idas y vueltas que provocaron cambios dentro de la ley pero también por fuera de ella. Si bien en algunos análisis se señaló que ello hablaba de la flexibilidad del Poder Ejecutivo para adaptarse a las demandas a fin de lograr su objetivo –la votación de la mega ley-, en otros se observó que sobresalieron las tensiones internas dentro del bloque gobernante, a dos semanas de instalarse Fernández en la Rosada.
Los cambios en la ley incluyeron la eximición de la suspensión de la movilidad jubilatoria para todos los regímenes especiales. A cambio, Fernández envió al Congreso un decreto de extensión de las sesiones extraordinarias a fin de que el Parlamento trate la situación de dos regímenes jubilatorios específicos: el del Poder Judicial y el del cuerpo diplomático.
La convocatoria a la reunión de este viernes incluye un documento cuyo título es “Compromiso argentino de solidaridad”, que si bien no menciona a la nueva ley, sí enfatiza que la Argentina tiene dos prioridades: la deuda social y la deuda pública.
El documento explicita con claridad el respaldo al programa del gobierno, al que sigue en la secuencia temporal de acciones que ya presentó el presidente Fernández, en el sentido de que el gobierno primero asistirá a los más necesitados y luego al resto.
«Vamos a construir una nación solidaria, desarrollada y justa. Para lograrlo, suscribimos este compromiso patriótico solidario: empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Y, a la vez, empezar por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante», señala el texto en uno de sus párrafos más sobresalientes.
«Urgente –continúa- es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación.»
Y agrega: «Nos comprometemos solidariamente, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar.»
Deuda
El segundo aspecto del respaldo que busca el gobierno está vinculado con la renegociación de la deuda pública.
«En segundo lugar, esa urgencia se manifiesta en un endeudamiento público que, por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro Gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país», señala a continuación el documento.
Según fuentes oficiales consultadas por Tiempo, el objetivo de esta declaración es mostrar un frente unido ante el Fondo Monetario y los acreedores privados tanto locales como del exterior.
Justamente, este jueves, la Secretaría de Finanzas, que depende del Ministerio de Economía, recordó a través de un comunicado que recibirá hasta el 3 de enero las «propuestas de instituciones y asesores financieros relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina».
Se espera que a la reunión asistan la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la de la Construcción, la de la Mediana Empresa, la Bolsa de Comercio y la Mesa de Enlace. También, la CGT y las dos CTA, además de los movimientos sociales CTEP, Barrios de Pie y CCC.
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