Es una decisión del ministro de trabajo Jorge Triaca. La principal perjudicada será la provincia de San Juan con 13.000 recortes. José Luis Gioja alertó que "se está generando un caldo de cultivo para que se den conflictos sociales en distintos lugares del país”
El lunes, el ministro se reintegra a sus funciones luego del escándalo que lo puso en la picota por tener y despedir con insultos a una empleada sin registrar y a la que se le pagaba el sueldo a través del gremio SOMU. Una de sus primeras medidas según se comenzará a implementar el jueves con la baja de 5.537 bajas que se completarán con otras 8.000 durante febrero.
Los planes que se recatarán son de 1.850 pesos mensuales por persona y no se prevé una alternativa, excepto el lanzamiento en marzo de una plataforma virtual, llamado Trabajo en Red, en la que los beneficiarios deberán cargar sus currículum para luego presentarse a entrevistas en diferentes empresas que pueden publicar ofertas de empleo en ella. Los beneficiarios que no han quedado fuera, también se verán afectados ya que la duración del plan será e seis meses.
Desde el martes 23, hay movilizaciones y estado de alerta en San Juan, una de las provincias sobre las que golpeará con más fuerza la decisión, ya que 13 mil de los 28 mil planes se recortarán allí. José Luis Gioja, diputado y ex gobernador de San Juan, dijo que en su provincia se corre el peligro de que esto desate una crisis social de proporciones. El viernes, tras reunirse con movimientos sociales el presidente del PJ expresó que se trata de una política sistemática del presidente Mauricio Macri que tiene a San Juan como objetivo preferente: (Macri) trata a San Juan como a una provincia de último orden: nos recortan fondos para obras públicas, buscan la división entre los sanjuaninos y ahora nos quieren generar un caldo de cultivo para que se provoque un conflicto social recortando planes.
El programa que consta de 80 mil beneficiarios se implementaba a través de organizaciones sociales como Barrios de Pie y el Polo Obrero. El recorte es consecuencia del ajuste presupuestario ordenado por el presidente hace unos meses y parte de un plan para socavar la representatividad de ciertas organizaciones sociales.
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