El gobierno de Áñez debió retroceder con los arrestos de dos exfuncionarios de Evo

César Navarro y Pedro Damián Dorado López fueron dos exministros de Evo Morales. Ocuparon los despachos de Minería y Desarrollo Rural Agropecuario. Ambos se hallaban desde hace más de 40 días en la residencia diplomática de México, y con la presencia de veedores de la Unión Europea y de la propia embajada se disponían a  partir rumbo al DF. Pero apenas llegaron al aeropuerto de La Paz fueron detenidos por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el coronel Iván Rojas. En la acción fueron lastimados, de escasa consideración, ambos detenidos.

La reacción fue inmediata. «Hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos. Hoy, a las 5 am, en el aeropuerto de El Alto, César Navarro y Pedro Damián Dorado fueron detenidos. Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional», escribió Morales en las redes sociales. Las agencias se hicieron eco de ese episodio escandaloso. Por su parte, el gobierno argentino rechazó la detención con un comunicado de Cancillería: «Argentina condena violación del derecho al asilo en Bolivia». También hubo inmediatas protestas formales desde Europa y, desde luego, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Tal vez por esa inmediata reacción internacional, pasado el mediodía, ambos funcionarios fueron liberados y pudieron viajar hacia México. El gobierno salió a justificar el episodio caratulándolo de error. Pero quedó a las claras que no fue así. Inclusive, el propio ministro del Interior del gobierno de facto, Arturo Murillo, intentó explicar la acción del arresto, argumentando que fue fruto de «una descoordinación entre el ministerio público y la policía nacional». Lo hizo al mediodía. Y adelantó que los detenidos podrían «salir del país con todas las garantías del Estado boliviano».

A los pocos minutos los dos exfuncionarios tomaban su vuelo, en medio de un extraordinario operativo policial. Tanto Dorado López como César Navarro acompañaron a Evo Morales hasta el momento del golpe de Estado del pasado 10 de noviembre. En la Embajada de México aún permanecen a la espera de los salvoconductos los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz, además del exgobernador de Oruro, Víctor Vasquez, y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Nicolás Laguna. El derrocamiento de Morales y la negativa de La Paz a otorgar salvoconductos a las exautoridades refugiadas han golpeado las relaciones entre México y Bolivia. A fines de diciembre, tras un confuso incidente entre la policía local y guardias españoles que pretendían ingresar a la embajada mexicana, Bolivia expulsó a la embajadora, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero; y a otros siete diplomáticos españoles.«

Trabas a su postulación

Hace pocas horas, en declaraciones radiales, el propio Evo Morales admitió la posibilidad de presentarse a un cargo de senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional en las próximas elecciones que se desarrollarán en su país el 3 de mayo. Al día siguiente, lo ratificó en otra emisora porteña. Pero poco después, denunció la detención de su apoderada, Patricia Hermosa, quien justamente debe ser la encargada de tramitar la inscripción legal de su postulación.

«Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta y el secuestro de toda mi documentación personal, como mi libreta de servicio militar. #DictaduraEnBolivia», escribió en su cuenta en Twitter, desde su residencia en Buenos Aires. El líder del Movimiento al Socialismo aseguró que en su país «no hay democracia, ni elecciones limpias cuando existen detenciones diarias y violación a las garantías constitucionales y a los DD HH».

La diputada del MAS Sonia Brito también recriminó «la detención ilegal y arbitraria de Hermosa, quien ha sido acusada de sedición y terrorismo por el sólo hecho de ser abogada del presidente Evo Morales». Desafió luego: «El objetivo es inhabilitarlo, le tienen terror a Evo Morales. Yo les digo: gánenle a Evo en las urnas, no de esta manera sucia, no de esta manera vergonzosa…

Fórmula 

Jeanine Áñez anunció que el empresario Samuel Doria Medina será su candidato a la vicepresidencia para las elecciones del 3 de mayo en Bolivia.