El gobierno de Bolivia decidió impulsar un juicio «en las instancias que correspondan» contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su responsabilidad en la crisis política del país, informó hoy el ministro de Justicia, Iván Lima. «Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento de las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro. Este es el escenario jurídico y la decisión del gobierno nacional es llevar a juicio al señor Almagro en las instancias que correspondan», afirmó Lima a medios locales.
El informe señaló que el Ejecutivo activaría «un proceso internacional», aunque el ministro dijo que todavía estaba «evaluando los caminos jurídicos y probablemente no sean excluyentes y seguirlos todos de manera simultánea». Según Lima, el informe preliminar de la OEA «no era parte de un convenio suscripto entre el Estado boliviano y ese organismo internacional» y además «fue presentado fuera de plazo».
Más tarde, Lima reveló que el gobierno invitó a la comunidad internacional a que haga un análisis «estricto» de los juicios que se están realizado contra ex autoridades de la gestión de Áñez. «Hemos invitado a la comunidad internacional a que haga un escrutinio público estricto de este caso. El gobierno, mi persona y el canciller hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que haga una visita al país», añadió en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik.
A su vez, anticipó que el Ejecutivo evaluará la responsabilidad penal de Áñez en la muerte de manifestantes durante la represión de noviembre de 2019. «Queremos que nos explique por qué emitió el decreto y por qué sacó a las Fuerzas Armadas y a la policía a reprimir y finalmente que mueran bolivianos en el país. Ese juicio tiene que incorporar a ella necesariamente», subrayó.
Una eventual demanda contra Almagro seguiría a las presentadas en Bolivia contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez, surgido del golpe de Estado contra Evo Morales, gestado a partir de un informe de la OEA señaló irregularidades en el proceso electoral que la oposición consideró pruebas de fraude. Por estos hechos, Áñez fue condenada ayer por la justicia de su país a cuatro meses de prisión preventiva tras comprobarse que ordenó una brutal represión contra manifestantes opositores adherentes a Morales que dejó 38 muertos y decenas de heridos. Morales, quien gobernaba Bolivia desde 2006, fue forzado a renunciar por parte de las Fuerzas Armadas y policiales tras su victoria electoral de octubre que volvía a llevar al poder al Movimiento Al Socialismo (MAS).
El informe sobre presunto fraude elaborado por la OEA, a expreso pedido del uruguayo Almagro, fue también descalificado por varias investigaciones internacionales. De hecho, en los últimos días varias organizaciones internacionales se pronunciaron en contra del accionar de Almagro, tal el caso del presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el argentino Óscar Laborde, quien ratificó que en Bolivia se registró un golpe de Estado el 2019, y advirtió que el alto mando de la OEA pretende promover otros similares en la región.
Almagro volvió a denunciar el supuesto fraude del MAS al salir en defensa de la expresidenta Áñez, actualmente a la espera de juicio por la interrupción democrática de 2019.
La decisión del gobierno boliviano fue anunciada luego de que el lunes por la noche se registraran concentraciones en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Trinidad y Potosí para pedir por la libertad de Áñez y dos de sus exministros que fueron encarcelados y acusados por el golpe.
