Los responsabiliza por los enfrentamientos entre los grupos armados que se produjeron en esa región del noreste colombiano y que dejaron más de 70 muertos desde mediados de enero.
«Queremos capturar a estas personas que están sembrando el terror en la zona», dijo el flamante ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, durante un consejo extraordinario celebrado en Cúcuta.
Entre los señalados por las autoridades colombianas están viejos conocidos del Comando Central del ELN, como Gustavo Giraldo, alias ‘Pablito’; Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; el actual comandante de la guerrilla Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; y quien hasta ahora encabezaba la negociación con el Gobierno, Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’.
«Representan menos del 0,001 por ciento y no nos van a doblegar», advirtió el ministro e instó a los hombres de confianza y escoltas de los mencionados a delatarles: «Se pueden desmovilizar y brindar información por qué estamos ofreciendo hasta 3.000 millones de pesos por cada uno».
Sánchez explicó que la recompensa también incluye a quienes puedan dar con información que facilite el arresto de líderes de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, como Carlos Eduardo García, alias ‘Andrey, jefe del Frente 33, además de portavoz y jefe negociador con el Gobierno.
El ministro de Defensa los calificó como «los más buscados» y los responsabilizó por la muerte de más de 70 personas, «entre ellos varios menores de edad», en medio de los enfrentamientos entre ambos grupos armados desde mediados de enero en esta región situada en el noreste de Colombia, en la que produjo una de las peores crisis humanitarias de la última década en el país.
Sánchez también destacó que las últimas operaciones del Gobierno y las Fuerzas Armadas en la región han permitido asestar varios golpes importantes sobre estos grupos armados. Al menos 2.000 personas han sido ya identificadas por su responsabilidad en estos hechos y están a la espera de ser detenidos.
El plan del Gobierno consiste en reforzar las presencia del Estado en esta región, a través de financiación de proyectos, despliegue militar y sustitución de cultivos ilícitos. «Esta será una acción unificada del Estado para garantizar la soberanía y generar prosperidad», dijo el ministro.
Al menos unas 85.000 personas se vieron afectadas por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN por el control de esta región, cuya situación geográfica y climática hacen de ella objeto de enconadas disputas.
Son unos 52.000 los desplazados y casi 20.000 los atrapados bajo el fuego cruzado de los grupos armados, que dejó también a su vez al menos 70 muertes.
Organizaciones campesinas piden a Petro que se retracte
Durante el consejo de ministros del pasado lunes, Petro presentó un plan de sustitución de cultivos ilícitos para el Catatumbo. Allí también hizo una afirmación que fue rechazada por varias organizaciones sociales de la zona. El presidente dijo que “muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander, el director del DNP, están permeadas por las armas, subordinadas a las armas. Aún así, hay que quitarle la población a las armas, no se trata de quitarle recursos a las armas”.
Tras la declaración, varias organizaciones le pidieron al presidente Gustavo Petro una retractación y la Defensoría del Pueblo apoyó esta solicitud en las últimas horas.
«Reafirmamos la legitimidad de las comunidades y organizaciones sociales de la región y respaldamos su exigencia de rectificación al señor presidente de la República por sus recientes declaraciones. El Gobierno debe ser garante de derechos y el primero en respaldar y apoyar la autonomía de las organizaciones frente al poder violento de los grupos no estatales», señaló la Defensoría del Pueblo.
GS con información de Europa Press
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