El gobierno de Milei apuesta al DNU para reorientar la actividad económica

Ya no hay dudas. El gobierno del presidente Javier Milei publicará en el inicio de la semana un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que pretende sacudir –y confundir– a la población con un sinfín de modificaciones de normas. El impacto será de magnitud, prevén en la Casa Rosada, porque eliminará o alterará reglas vinculadas a actividades tan diversas como los contratos de alquiler de viviendas o el estatus de las empresas públicas.

El amplio espectro de asuntos que involucra es, a la vez, un riesgo que corre el novel gobierno porque el DNU puede ser total o parcialmente judicializado, al margen de que debe pasar por la Comisión Bicameral del Congreso que trata los DNU del Poder Ejecutivo y aprobarlos o rechazarlos.

En La Libertad Avanza, el partido del gobierno, el debate sobre la pertinencia o no del DNU estuvo vigente hasta el viernes ala noche, cuando se resolvió su publicación. Las dudas eran varias. La primera, si ese mecanismo era el idóneo para empujar los cambios que se pretende conseguir; la segunda, la posibilidad real de que fuera inaplicable por los furcios jurídicos que podría contener; tercero, por las advertencias de sectores empresarios que no estaban de acuerdo con  algunos de los planteos que figuraban allí.

El DNU forma parte de una política maximalista, es decir, que golpea y luega negocia. Milei y su entorno creen que de esta manera podrán condicionar a la oposición a fin deobligarla a debatir la agenda que ya tienen desplegada, con la mira puesta, en particular, en la fractura del peronismo. En ese terreno se inscribe la reunión que mantendrá Milei con los gobernadores el martes a fin de que respalden esta iniciativa y los proyectos de ley que irán al Congreso en extraordinarias, una vez que sean convocadas (ver páginas 10 y 11). El gobierno de ultraderecha ha hecho trascender que tiene tres temas o proyectos de ley para enviar al Congreso: uno de modernización del Estado con cambios en las estructuras del gobierno nacional; otro vinculado a la apertura comercial con impacto en las relaciones con los socios del Mercosur, y un tercero que apunta a una reforma política y electoral, especialmente con la derogación de las PASO.

Ayer, el ministro del interior, Guillermo Francos, confirmó la publicación del DNU: «La semana que viene va a ser una semana de novedades normativas», dijo. «Sí, la semana que viene va a ser una semana de novedades normativas y de leyes. Hay un paquete al que podemos ponerle el título de ‘desregulación de la actividad económica’ y hay otro paquete que tiene que ver con la reforma del Estado», detalló.

El DNU, agregó Francos, apuntará a múltiples aspectos que no necesitan pasar por el Congreso nacional, lo que, en realidad, conforma un contrasentido: el instrumento del DNU parte de la base de la delegación de poderes legislativos desde el Parlamento al Ejecutivo. Es decir, su sentido es esquivar al Congreso.

Milei y su entorno han logrado evitar filtraciones de magnitud del DNU. Trascendió un panegírico que incluía aspectos tan diversos como «las obras sociales» y «el pago de alquielres en dólares», pero no mucho más.

Ganadores y perdedores

Las medidas de ajuste que aplicó el gobierno nacional en esta semana tienen claros ganadores y perdedores. Un concienzudo análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) asegura que se está en presencia de una «virulenta transferencia de ingresos» desde los sectores asalariados hacia los sectores empresarios. Es decir, la devaluación, la quita de subsidios, la suspensión de la obra pública y el recorte de transferencias a las provincias no impactan por igual en todas las clases sociales. Aunque el discurso oficial lo niegue, hay un sector que se beneficia económicamente con todo ello, que mejora sus niveles de ingresos mientras que una vasta mayoría de la población pierde ingresos.

En este terreno, conviene hacer una aclaración: el ajuste del gasto estatal sobre los gastos superfluos, políticos y de la casta son ínfimos, no mueven el amperímetro. CEPA los calculó en 0,0014 del PBI por la reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías. El aporte de la eliminación de dos aviones de YPF, algunos vehículos oficiales y choferes no cambia ese porcentaje.

Si se deja en la banquina esa distracción, queda a la vista el bosque. El gobierno pretende resolver el déficit fiscal con una combinación de mayores ingresos y menores gastos que, en total, suman 5,4 puntos porcentuales del PBI. CEPA advierte que el 43,5% de ese total será costeado por los trabajadores activos: la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias en el salario, el recorte de las transferencias a las provincias que afectará el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la suba de tarifas y quita de subsidios en simultáneo, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo en la obra pública por su eliminación y la afectación de trabajadores estatales por los recortes en los gastos de funcionamiento.

Los jubilados y pensionados cargarían con 0,5 puntos porcentuales de PBI del recorte, equivalente a un 9,3% del total, que sumado al porcentual de los trabajadores activos arroja que el 52,8% del ajuste recae sobre los bolsillos y espaldas de trabajadores activos y pasivos. Los jubilados y pensionados se verán afectados por la propuesta de eliminación de la fórmula de movilidad previsional y su remplazo por aumentos por decreto (ver aparte).

CEPA obervó que se está en presencia de una política que implica «una distribución regresiva del ingreso».

En primer lugar, la devaluación coloca el tipo de cambio en el nivel más alto después de la salida de la convertibilidad y su magnitud determina claros ganadores y perdedores.

En el primer grupo se encuentran aquellos que perciben ingresos en dólares, por caso, los productores de soja destinada a exportación (casi toda la producción), quenes mejoran en un 30% su rentabilidad porque las retenciones no subieron a pesar de la devaluación.

La devaluación, combinada con la suba de impuestos ha provocado una estampida hiperinflacionaria, que el vocero presidencial, Manuel Adorni, calculó en más del 3600% anual. Se trata de un daño consciente: en los cementerios no hay inflación.