El gobierno de Milei deberá responder en la CIDH por el ataque a políticas de memoria

Mientras la Corte Suprema de Justicia se mantiene en un silencio sepulcral y no recibe aún al movimiento de Derechos Humanos, este jueves por la tarde los organismos estarán presentes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 191° período de sesiones de la organización regional.

Bajo el título “Argentina: Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los Derechos Humanos”, participarán Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la APDH, HIJOS Capital, el CELS, Memoria Abierta, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre muchas otras organizaciones. También habrá una representación del Estado nacional.

En la sede del organismo en Washington estarán de manera presencial la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, Paula Litvachky del CELS, Verónica Torras de Memoria Abierta y el escritor Martín Kohan.

La audiencia se trasmitirá en vivo en la Casa por la Identidad, en la ex ESMA, donde estarán Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, Graciela Lois, de Familiares, y el resto de las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que apoyan el reclamo.

La reunión está previsto que arranque a las 18 y fue solicitada por los organismos argentinos ante el ataque y vaciamiento a las políticas de memoria por parte del gobierno de Javier Milei. Expondrán allí sobre las medidas tomadas desde diciembre pasado que atentan contra una política de Estado que se fue construyendo desde el regreso de la democracia y que es reconocida en todo el mundo.

Como ejemplo, apenas en los últimos días se puso en venta el predio de «La Perla chica», en Córdoba, que funcionó como centro clandestino de detención, y un sector de Campo de Mayo que también había funcionado como lugar de detención y tortura para personas secuestradas durante la dictadura. Se desfinanciaron todas las áreas involucradas y hubo despidos masivos que ponen en riesgo el mantenimiento e incluso la continuidad del resto de los sitios de memoria del país.

Por otro lado, el gobierno avanzó contra dos áreas clave para la investigación de violaciones a los derechos humanos en la dictadura: cerró la Unidad Especializada de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que realiza la búsqueda junto a Abuelas de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado, y la eliminación del equipo de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas.

La situación de los Derechos Humanos en Argentina estará abordada en otras dos audiencias ese mismo día. En una se analizará la situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género, desarmadas completamente por la gestión libertaria, y en otra se verá el impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular.

Esta no es la primera vez que la CIDH analiza las denuncias contra el gobierno de Milei. En julio, representantes del Estado argentino debieron escuchar los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil y de los propios comisionados por la violenta represión a la protesta social en las últimas movilizaciones populares.

En esa oportunidad, quien dio la cara por el gobierno fue el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, quien insistió con el discurso de que el violento accionar de las fuerzas de seguridad buscaba impedir un golpe de Estado por parte de las personas que se movilizaron al Congreso de la Nación el 12 de junio pasado.

El funcionario, un exjuez sin experiencia en Derechos Humanos, fue duramente cuestionado por las autoridades de la CIDH y un representante de Naciones Unidas, quienes cuestionaron los retrocesos en materia de Derechos Humanos en el país y las limitaciones que el gobierno impulsa a la libertad de expresión y al ejercicio de la protesta.  «