Con un decreto, eliminó la regulación que regía desde 1993 y ahora las escuelas privadas podrán realizar aumentos sin autorización.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto el Decreto 2417/93 y señala que las regulaciones impuestas durante más de tres décadas dificultaban la capacidad de las escuelas privadas para adaptarse a las realidades económicas y educativas del país, generando incertidumbre y limitando la posibilidad de ajustar sus aranceles en función de sus costos y del contexto inflacionario.
Según los considerandos del decreto, la obligación de comunicar con anticipación y solicitar autorización estatal para modificar cuotas y matrículas llevaba a las instituciones a aplicar aumentos preventivos que encarecían la educación privada, afectando a las familias y restringiendo la libre competencia entre establecimientos.
La decisión instruye a la Secretaría de Educación para que eleve propuestas de modificación sobre el régimen de 1991, a fin de adecuarlo al esquema federal actual y promover un entorno más flexible para la gestión económica de los institutos privados.
El nuevo esquema entrará en vigencia con la publicación de la norma y apunta a garantizar la sostenibilidad de la educación de gestión privada, a la vez que preserva el derecho de los alumnos a una oferta educativa diversificada en todo el país.
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