El gobierno designó autoridades en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

El economista Alexis Pirchio es oficialmente el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, con rango y jerarquía de subsecretario, según el Decreto 100/24 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El mismo decreto confirmó también los nombramientos de los vocales Lucas Trevisani, Florencia Bogo y Eduardo Montamat.

Las designaciones tienen lugar pocos días después de que la administración nacional anunció la derogación de 60 disposición de la Secretaría de Comercio con el objetivo de propiciar un comercio interior con menos burocracia.

El gobierno justificó el paso de la motosierra con el argumento de que se trataba de normativas de control de precios y abastecimiento y de políticas que requerían información a las empresas, entre otros temas considerados por las autoridades como distorsivos para el desenvolvimiento de la actividad.

En resumen, como pasa con el DNU 70 y con la denominada Ley Ómnibus, las normativas eliminadas están en sintonía casi perfecta con la agenda de las empresas, en este caso, con la que operan en el mercado interno.

Cabe decir que, incluso con todas estas normas en vigencia, los aumentos de precios vienen de marcar picos históricos y la tendencia, lejos de apaciguarse con el cambio de orientación política, sigue siendo alcista como se vio en los primeros dos meses de gobierno de La Libertad Avanza.

Entre las razones, además de los condicionamientos externos, y de los problemas de la macroeconomía, existen monopolios, oligopolios y cartelizaciones en industrias como la alimenticia, con espaldas e influencia para imponer precios basados en las perspectivas, y en muchos casos en la especulación, de las empresas.

Con la desactivación de los controles se abre un amplio interrogante sobre lo que pasará con los precios que se pagan en los comercios por alimentos, artículos de tocador y limpieza y otros de consumo básico en los próximos meses.

Por lo pronto, las medidas motivaron la celebración de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que destacó la coincidencia entre lo definido por las autoridades políticas y la agenda del mercado.

La entidad empresarial destacó la eliminación de la Resolución 237/21 que obligaba a las empresas a informar mensualmente los precios promedios de ventas de sus productos; y la desactivación de la Resolución 283/21, que se creó para prevenir engaños en la información de rótulos o etiquetas de los bienes disponibles en góndolas.

También elogió el fin de la Resolución 1033/21 que establecía los parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia; y el de la Disposición 11/23 que planteaba el reglamento para la prevención del sobreendeudamiento de los consumidores.

Unos días antes de que el gobierno dio a conocer el recorte de 60 normativas, la CAC envió una carta al gobierno para pedir que se amplíe el alcance del DNU 70/23 a la derogación de las mencionadas arriba más la Resolución 11/16 del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) y la 424/20 que ordenó la creación del Botón de Arrepentimiento para que los compradores pudieran dejar sin efecto una operación.