El gobierno desmintió gestiones para adquirir un software ruso para las elecciones

El gobierno nacional desmintió hoy categóricamente la información publicada por un portal de noticias sobre una supuesta gestión para adquirir un software ruso para las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

«El acuerdo promocionado por la Cámara Nacional Electoral y los medios de comunicación tiene como objetivo evitar este tipo de trascendidos», reflexionó la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo.

Desde la DINE, organismo dependiente del Ministerio del Interior, se recordó que la realización de las elecciones y del escrutinio definitivo está a cargo de la Justicia Electoral, en tanto que el escrutinio provisorio se encuentra bajo la órbita de la DINE.

En este marco, desde el gobierno nacional se impulsó una contratación totalmente transparente para adjudicar el servicio de recuento y difusión de datos, informaron fuentes de la cartera del Interior.

Este proceso de contratación, a la vez, introdujo un elemento inédito en la historia de la administración electoral argentina, como lo fue la participación de todos los actores en los comicios, los cuales aportaron sugerencias para la redacción del pliego, lo que permitió contar con el servicio de recuento provisorio de manera más transparente y económica.

«Por primera vez se publicó un anteproyecto de licitación del recuento provisorio para permitir que interesados puedan realizar observaciones y sugerencias de todos los sectores», afirmó la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco.

Y detalló que en ese marco «se recibieron 55 sugerencias y comentarios por parte de partidos políticos, empresas, la Cámara Nacional Electoral y organizaciones civiles, que se transformaron en 21 mejoras al pliego original que se publicó el 10 de febrero, según lo establecido en el cronograma electoral».

Además, se destacó desde la cartera de Interior que participaron del último escrutinio provisorio en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fiscales informáticos de todas las fuerzas políticas, que por primera vez tuvieron acceso a toda la trazabilidad de datos, garantizando transparencia en la cola de carga de telegramas.