El gobierno dio marcha atrás con la auditoria que pretendía revisar las pensiones

El gobierno suspendió la “licitación privada” que buscaba contratar por 5.500.000 de pesos los servicios de una consultora para auditar el otorgamiento de todas las pensiones no graciables. La medida había sido solicitada por la Dirección de Vulnerabilidad y Determinación de Derechos de la Agencia Nacional de Discapacidad a mediados de año y recibió fuertes críticas de parte de las organizaciones que bregan por los derechos de este grupo de personas que además de ser discapacitados, son pobres.

El dato trascendió a partir de un pedido de informes que realizó la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) por el que se pretendía conocer los avances de la contratación. De la respuesta, se desprende que el 27 de agosto de 2018 el organismo recibió una sola “propuesta económica correspondiente a la firma KPMG (C.U.I.T. N° 30614587144) por un monto de 5.849.745 pesos”.

La contestación a REDI, a la que Tiempo tuvo acceso, señala que “la Dirección de Detección de Vulnerabilidad y Determinación de Derechos en su carácter de unidad requirente manifiesta que ciertas carencias operacionales del organismo fueron parcialmente cubiertas mediante la implementación de diversas acciones, incluyendo el reaprovechamiento de recursos humanos y técnicos existentes en el mismo, por lo que habría que readecuar el objeto de la presente Licitación” por lo que se dejó sin efecto la licitación y se desafectaron los fondos destinados para esta auditoría.

Esta maniobra del oficialismo de controlar los derechos ya adquiridos no es aislada. Se trata de la continuidad de un plan para dar de baja la mayor cantidad posible de pensiones. Según relevaron los trabajadores de ATE, en 2016 se dieron de baja unas 30.000 pensiones y en 2017 unas 170.000. Luego de que algunos afectados plantearan recursos judiciales, la justicia restituyó cerca de 45.000, por lo que se calcula que aún resta devolver unas 160.000.

En septiembre, Tiempo publicó que unas 120 personas murieron a la espera de obtener una pensión. La información surgió del cruce de datos de los centros de salud y las solicitudes a la Agencia Nacional de Discapacidad que fueron rechazadas o no tuvieron resolución en tiempo y forma.

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Además, se estima que actualmente hay cerca de 163.598 expedientes dando vueltas en el sistema pendientes de resolución. Hasta 2015 se emitían unas 12 mil nuevas pensiones por mes. Sin embargo, con la llegada del macrismo al poder eso cambió: en los primeros cuatro meses de este año apenas se habían aprobado apenas 8869.

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Es que el oficialismo entendió que los beneficiarios de las pensiones debían cumplir con los requisitos de un decreto de la década del ´90 que establecía condiciones más rigurosas: que el pensionado o su cónyugue no debían tener jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, acreditar una discapacidad de 76%; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante. Tampoco se puede poseer un vehículo menor a los 10 años de antigüedad. Durante el kirchnerismo las exigencias para obtener este tipo de pensión, que en dinero representa el 70% de un haber jubilatorio mínimo y da la posibilidad de formar parte del Programa Incluir Salud, habían sido más permisivas porque se buscaba mitigar ciertas desigualdades.