El gobierno ecuatoriano busca asfixiar al correísmo

Mientras se definen las candidaturas presidenciales en Ecuador, la Justicia ordenó la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras haber confirmado su condena a ocho años de prisión por la llamada “causa sobornos” que el correísmo rebautizó “bochornos”, por afirmar que carece de pruebas para formular sentencia. La decisión judicial implica también la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos de elección popular, cuando el exmandatario aspira a participar en los comicios previstos para febrero. El jueves, una multitud con barbijos marchó a las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE) para reclamar la aceptación de Correa como candidato a vicepresidente junto al joven economista Andrés Arauz. Es porque, a pesar de la inhabilitación y de que el frente UNES presentó un candidato a vicepresidente alternativo, Carlos Rabascall, los dirigentes de Revolución Ciudadana presentaron igual la candidatura de Correa. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclaró que la fórmula no está oficialmente inscripta, aunque fue ingresada como “una solicitud de preinscripción”.

El CNE tampoco había admitido la solicitud previa de Correa, cuando intentó hacerlo vía Internet y con un apoderado. En estos días debería haber un dictamen. Posiblemente mañana. Según dijo el CNE los demás partidos participantes pueden presentar impugnaciones. Uno de los que se muestra inclinado a tomar esa acción es el candidato banquero Guillermo Lasso, quien disputó el balotaje con Lenín Moreno en 2017.

“Estamos convencidos de que la persecución política disfrazada de proceso judicial continuará, así como la construcción de sumarios en los medios de comunicación, convirtiendo a periodistas en policías y jueces. A pesar de todo, también seguimos convencidos de que el pueblo ecuatoriano dará su respuesta el próximo mes de febrero, con un abrumador apoyo en las urnas”, aseguró en un comunicado el movimiento RC.

Correa fue procesado en ausencia y condenado junto con varios de sus excolaboradores. Tras el fallo, la Justicia ordenó a la policía la «inmediata localización y captura». También dispuso al Ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos 4200 dólares mensuales que recibía Correa como expresidente

«Nos estamos enfrentando a un proceso de venganza a través de la función judicial», dijo el abogado de Correa, Fausto Jarrín, al conocer la resolución. «