El gobierno eliminó recompensas para encontrar a 21 represores prófugos

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich dejó de ofrecer recompensas para encontrar a 21 acusados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran prófugos de la justicia federal, entre los que se encuentran expolicías, exmilitares y civiles que son buscados por todo el país.  

La cartera los dio de baja del programa que premia a quienes entreguen información que permita dar con su paradero en una decisión que afecta directamente la búsqueda de justicia sobre esos delitos, un compromiso asumido por el Estado argentino en el ámbito nacional e internacional.

La decisión fue tomada por Bullrich el mismo 24 de marzo, en coincidencia con los 48 años del golpe cívico militar, cuando se cumplió un año de la decisión administrativa de su antecesor, Aníbal Fernández, de prorrogar el ofrecimiento de recompensas.

La cartera quitó de la web del Programa de Recompensas a 21 represores por los cuales se ofrecía 5 millones de pesos para quienes dieran datos que ayudaran a ubicarlos. Sólo quedó publicada la búsqueda del ex oficial del Ejército Aníbal Miguel Sánchez, prófugo de la causa por los crímenes en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes.

Entre las recompensas que se cayeron están las del exsubcomisario de la Policía Federal Emilio Alberto Rimoldi Fraga, prófugo de la justicia federal de La Plata en el marco de la causa que investiga tres asesinatos y tres desapariciones, entre ellas de una mujer embarazada de 7 meses; el expenitenciario de La Plata Jorge Luis García, prófugo por crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 9;  el expolicía de Santa Fe César Heriberto Peralta, el exmilitar mendocino Jorge Gallo Linares, los exmilitares de Bahía Blanca Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno y los exmilitares mendocinos Héctor Adán Giménez y José Luis Piedra, quienes formaron parte del Destacamento de Inteligencia 144.

También se encuentran tres civiles: Fernando Federico Delgado, ex integrante de la organización paraestatal CNU, acusado de participar en el secuestro del periodista y ex titular del sindicato de prensa marplatense, Amilcar González; Eduardo Rebechi y Carlos Gabriel Jesús Isach, agentes civiles de inteligencia imputados en la megacausa Guerrieri, en Rosario.

En la lista de prófugos también están el expolicía federal Juan Carlos Linarez, buscado por la apropiación de Javier Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas, detenida desaparecida en la ESMA; los ex integrantes de la Armada en Mar del Plata Horacio González Llanos y Luis Esteban Kyburg (encontrado en Alemania), buscados por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval; el ex policía federal de Santa Fe Antonio Tuttolomundo, los ex miembros del Ejército en Rosario Miguel Ángel Vera y Gustavo Francisco Bueno, el exmiembro del Ejército en Salta Oscar Chapur, el ex teniente coronel tucumano Héctor Mario Schwab, quien integró la patota de Antonio Bussi, el ex miembro del Ejército en Formosa Ángel Ervino Spada y Jorge Vildoza, uno de los jefes del grupo de tareas de la ESMA, cuya familia presentó un acta de defunción falsa para sostener que falleció en Sudáfrica.

El programa de búsqueda de personas fue creado en 2008, a través de la ley 26.375. El Ministerio de Seguridad, autoridad de aplicación de la ley, dejó caer las recompensas apenas vencidos los 12 meses de plazo, a pesar de que la norma establece que puede prorrogarlas “sin limitación”.