El Gobierno envía al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental

El Gobierno enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de la red social X, en medio del escándalo por corrupción que lo tiene como protagonista.

Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo del cuestionado Mario Lugones, revelaron ante la Agencia Noticias Argentinas que el proyecto contempla una actualización de la Ley de Salud Mental sancionada en 2010, con intención de «mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario«.

“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios.

Para la tarea se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ámbitos judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria.

Entre los impedimentos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

Poca claridad en los conceptos del proyecto de Salud Mental

En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.

Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.