El gobierno generó un crecimiento del mercado ilegal de armas de fuego

La Red Argentina para el Desarme (RAD) manifestó a través de un comunicado su preocupación porque “el Estado Nacional está perdiendo el control de las armas que están en manos civiles, a un ritmo alarmante”. La información se desprende de la web oficial www.datos.gob.ar, correspondientes a las solicitudes para acceder a la credencial de usuario de armas de fuego.

Tiempo había informado a mediados de febrero que “sólo dos de cada mil usuarios de armas con la licencia vencida son investigados por la Justicia”. Es que al caerse una licencia, automáticamente la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) activa una serie de procedimientos administrativos para que el usuario vuelva a la legalidad. Cuando esta instancia no tiene éxito, como suele pasar, interviene la UFI especializada en Armas que depende de la Procuración Nacional por considerar que se trata de una tenencia ilegal de arma. Luego, un juez puede interpretar que se trata de un delito o una simple falta administrativa. Prevalece esta última calificación, siendo que el infractor o el imputado muy pocas veces llega a ser fehacientemente notificado.

“De acuerdo al informe brindado al Congreso en marzo por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los usuarios de armas de fuego con las credenciales vigentes al 31 de diciembre de 2016 eran 321.112, lo cual representa sólo el 31,79% de 1.009.993 usuarios registrados”, precisaron desde la RAD.

Esta situación “se agravó aún más a partir de la implementación del nuevo sistema para el otorgamiento de los certificados psicofísicos, requisito indispensable para acceder a la credencial de usuario de armas de fuego”.

Como se sabe, la ANMAC le dio la exclusividad desde septiembre del año pasado a la empresa Dienst Consulting para el otorgamiento de dichos certificados. El costo de los mismos rondaba entre los 700 y 900 pesos, pero la flamante empresa con el aval del gobierno nacional lo fijó en 3.500 pesos. Antes, el certificado era emitido por un profesional de la salud de manera independiente. Este punto era cuestionado por las organizaciones que bregan por la abolición de las armas ya que se registraron que un mismo “especialista” podía llegar a firmar cientos de certificados sin conocer si quiera al peticionante.

Sin embargo, la presencia de Dienst Consulting despertó todo tipo de sospechas por considerar que se trata de un negociado de miles de millones de pesos en desmedro de un efectivo control del mercado de armas. “No solo es muy difícil solicitar un turno a través de la web (único medio posible) sino que los centros de atención son muy pocos; por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el único consultorio está en la ciudad de La Plata”, precisó la RAD en el comunicado.

“Tomando en cuenta el dato aportado por Marcos Peña sobre las 321.112 credenciales vigentes y los 20.000 nuevos usuarios de armas que se incorporan, aproximadamente, cada año y considerando que las credenciales tienen 5 años de vigencia, sería necesario recibir 7.000 solicitudes por mes, solamente para mantener el sistema equilibrado aún con un bajo nivel registral (31,79%). Pero los datos extraídos de la web, revelan que el promedio mensual a partir de la puesta en marcha del nuevo sistema, es de 2.861”, detallaron, al tiempo que concluyeron que esta problemática “se profundizó con la decisión de la ANMAC de darle la exclusividad de la certificación a una sola empresa y a un costo excesivamente alto”.

“A las 3,5 millones de armas fuera de todo control del Estado se le agregan, mes a mes, con la implementación del nuevo sistema, alrededor de 4.200 armas que estaban registradas y que dejarán de estarlo. De continuar con las medidas adoptadas, en pocos meses más, el Estado Nacional tendrá fuera del sistema más del 90% de las armas que están en manos civiles y un peligroso aumento de las armas ilegales”, advirtieron.