El gobierno girará $13 mil millones a las Obras Sociales y no hay paro de la CGT en el horizonte

El gobierno cumple con sus promesas. Al menos así lo hizo con los principales miembros de la conducción de la CGT a quienes, en una reunión realizada por la mañana del 21 de marzo, les había adelantado la inminente publicación de un decreto mediante el cual liberaría los fondos que el Estado adeuda a las Obras Sociales Sindicales. En esa misma reunión, pautada horas antes de la primera reunión de Consejo Directivo de la CGT, representantes del gobierno acercaron el borrador final del proyecto de ley de blanqueo laboral así como los términos de la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías que habían propuesto las propias organizaciones sindicales y que permitiría acotar el alcance de las prestaciones incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

Por la tarde, y con inocultable beneplácito, Héctor Daer co-titular de la central, confirmó la realización de la movilización del pasado 4 de abril pero descartó toda posibilidad de realizar un nuevo paro general contra el gobierno tal como, un mes antes, había sugerido él mismo entre otros de los principales dirigentes y como reclaman sectores opositores dentro de la misma CGT.

Para Daer, a pesar de  los miles de despidos, la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo del salario, las promesas del gobierno fueron suficientes para descartar una protesta de esa envergadura.

En la mañana del lunes 8 de abril se publicó el decreto 251/2019 mediante el cual el gobierno dictaminó la liberación de $13 mil millones a las Obras Sociales a través del Fondo de Asistencia de Emergencia. La suma incluye también el pago de intereses de parte de ese dinero adeudado colocado en Bonar. La letra del decreto, con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Sociales Carolina Stanley, también incluye la conformación de la ansiada Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías.

El origen de la deuda que el Estado mantiene con las entidades surge del mecanismo pautado en la ley 23.661, que creaba un Fondo Solidario de Redistribución cuya función sería asistir a las Obras Sociales frente a las dificultades financieras que pudieran generar prestaciones extraordinarias con altos costos y complejidad. De esa manera, una parte de las contribuciones patronales quedó bajo la administración del Estado que, durante más de una década, escatimó los giros correspondientes acumulando un pasivo de miles de millones de pesos.

Con esta decisión el gobierno espera terminar de sellar un acuerdo tácito de paz social con la central sindical que, al calor de la crisis, ya está siendo cuestionado por amplios sectores del movimiento obrero.

De hecho, los sindicatos que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FreSiMoNa), convocaron a un plenario de regionales de la CGT y sindicatos adheridos para el 11 de abril, con el propósito ya no de reclamar un paro a la conducción sino de fijarle fecha a una medida propia de esa naturaleza.

El agrupamiento incluye a los sindicatos que integran la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), como la Bancaria, la Federación Gráfica, docentes privados, pilotos, curtidores, el sindicato de la televisión, entre otros, así como a los Camioneros de Pablo Moyano y el SMATA de Ricardo Pignanelli. A ese espacio, sin integrarlo, tributan también las CTA de Hugo Yasky y de Pablo Micheli y ha sabido referenciarse también la fracción de la CTA autónoma que conducen Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy.

En la misma sintonía, el viernes pasado el oficialismo presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley de blanqueo laboral cuya redacción fue consensuada entre el ministerio de Producción y los dirigentes de la CGT y que implica fuertes exenciones impositivas y sancionatorias para las patronales que decidan regularizar situaciones de informalidad.