El gobierno impulsa la domiciliaria de 96 genocidas condenados

Con el supuesto objetivo de liberar las abarrotadas cárceles federales, el gobierno nacional envió a la justicia un listado de 1111 detenidos para que analice si pueden recibir el beneficio de la prisión domiciliaria con pulsera electrónica.

Entre esos nombres, donde hay presos y presas comunes, con hijos, con alguna enfermedad o que integran el colectivo LGBTI, entre otras cuestiones, figuran 96 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

Así lo publicó el portal Infobae a partir de un listado que el Servicio Penitenciario Federal envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos.

Son ocho listados con distintas categorías de detenidos, explica la nota: «Internos de lesa humanidad mayores de 70 años», «internos comunes mayores de 70 años», «nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexual, transgénero e intersexuales (LGBTI)», «discapacitados», «internas alojadas con hijos de hasta 10 años», «alojadas con hijos», «internas embarazadas» e «internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional».

Entre los 96 condenados por delitos de lesa humanidad figuran Jorge «El Tigre» Acosta, quien fuera jefe de la patota del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.

Entre los represores que el gobierno pretende beneficiar se encuentran también el médico Carlos Capdevilla, condenado por apropiaciones en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA.

También integran la lista los miembros del Grupo de Tareas de la ESMA Antonio Pernías y Adolfo Donda, quién llegó a ser uno de los jefes de la patota de la marina y fue condenado entre otros delitos por la apropiación de la diputada nacional Victoria Donda.

El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y Julio «El Turco Julián» Simón, ex agente de la Policía Federal, son propuestos para volver a su casa.

En el listado figuran dos civiles: el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, condenado a perpetua por su rol en la organización de ultraderecha CNU en Mar del Plata, y el cura Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, quién fue condenado en octubre de 2007 a reclusión perpetua por hallarlo culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.