El gobierno imputó a Edenor y Edesur por denuncias de consumidores

El gobierno imputó a las prestadoras del servicio de energía eléctrica Edenor y Edesur bajo acusación de que omitieron brindar información detallada “respecto de los cargos del servicio en las facturas” así como también “por no proveer respuestas suficientes y detalladas ante los reclamos de las y los consumidores”.

El Ministerio de Desarrollo Productivo difundió la novedad. Frente a la consulta de este medio las empresas evitaron el tema por “falta de detalles”, según dijeron.

La dependencia pública a cargo de Matías Kulfas informó que la imputación implica la apertura de un expediente de oficio y agregó que es consecuencia de una investigación coordinada entre la Secretaría de Comercio Interior y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).

En un comunicado informó que “a partir de los reclamos ingresados por las y los consumidores a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor se lograron identificar maniobras reiteradas y sistemáticas por parte de las compañías eléctricas que configurarían presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)”.

De igual manera se consideraron las presentaciones remitidas por la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal y de distintas asociaciones de consumidores, agregó la misiva.

La versión oficial indica que las empresas evitaron brindar información a clientes que la solicitaron después de recibir facturas con aumentos significativos.  “En otros casos, las compañías se limitaban a afirmar que la facturación era correcta sin informar sobre las impugnaciones realizadas”, agregó la fuente, que sumó también otras denuncias.

“La ausencia de información suficiente y detallada sería la estrategia elegida por parte de las empresas eléctricas ante los pedidos de revisión de las y los consumidores por la recepción de facturas con importes notoriamente superiores a los abonados habitualmente. Asimismo, tampoco brindaron la información correspondiente respecto a la realización de las verificaciones de medidores que dicen haber llevado a cabo como fundamento para perseguir el recupero de energía no facturada”, sumó Desarrollo Productivo.

Desde la vereda de las licenciatarias remarcaron que no tienen los detalles más allá de lo que difundió el gobierno pero que “se está trabajando en analizar lo que señala la Secretaría de Comercio Interior para poder dar una respuesta”. Las firmas tienen 5 días para hacer su descargo y enfrentas posibles multas de hasta $5 millones.

La fuente oficialista especificó que se investigará una “presunta infracción a los artículos 4, 8 bis, 19 y 29 de la Ley de Defensa del Consumidor, un incumplimiento con el deber de información y de respuesta a los reclamos en el plazo establecido en la norma y porque, aun cuando respondieron, la información suministrada resultó insuficiente”.