El gobierno insiste con la persecución contra jueces laborales

Por: Alfonso de Villalobos

El gobierno nacional denunció a jueces que reinstalaron a trabajadores del ENaCom. Ya lo había hecho con los magistrados que fallaron en favor de La Bancaria.

En su política de ajuste contra los trabajadores el gobierno tuvo que toparse con un escollo quizás impensado: los jueces del fuero laboral. 

La respuesta oficial, una y otra vez, fue la de amedrentar a los letrados con juicios políticos, denuncias y recusaciones violentando la independencia del poder judicial en general y del fuero laboral en particular. 

Según difundió el portal La Gazeta Judicial, el Gobierno Nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), denunció a dos camaristas laborales en rechazo por un fallo de reinstalación de un grupo de trabajadores despedidos por la gestión del ENACOM que se había producido en enero de este año. Los jueces denunciados que habían dado lugar al reclamo de los trabajadores son la Dra. Diana Cañal y el Dr. Luis Raffaghelli (Foto) 

En lugar de apelar a una instancia superior, el gobierno optó directamente por denunciar a los jueces. El portal mencionado señala que, además, la denuncia “casualmente, recayó en el Juzgado a cargo del Dr. Mahiques, desembarcado recientemente en la Cámara de Casación en una maniobra de dudosa legalidad realizada por el macrismo”.

Es que el juez “fue trasladado de la Cámara porteña a la Federal, para la que no concursó”. Por último, aseguran que el juez Mahiques “fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal”.

Este nuevo ataque fue repudiado por la Asociación nacional de Jueces y Juezas del Trabajo en un comunicado: «Advertimos con gran preocupación la generalización de esta práctica de denunciar a los jueces y juezas por el contenido de sus sentencias», cuestionaron los magistrados y exhortaron a las autoridades pertinentes «para que se garantice el respeto a la autonomía de los jueces laborales en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. 

Esta actitud no es un hecho aislado. El gobierno ya había tomado medidas del mismo tipo contra los jueces laborales Graciela Marino y Enrique Arias Gibert que habían intimado a las cámaras bancarias a cumplir con el acuerdo salarial que habían suscripto en diciembre de 2016 con el sindicato de La Bancaria. En esa oportunidad, a través del ministerio de Trabajo, el gobierno solicitó el juicio político de los letrados.

Pero además, a nivel provincial, la gestión de Cambiemos buscó y logró apartar de una causa a través de una recusación a la jueza laboral Dora Temis que había intimado al gobierno provincial a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes a partir de una denuncia presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA). 

Cabe aclarar que, el fuero laboral, a diferencia de otros fueros, si bien debe velar por su imparcialidad parte del concepto jurídico de no neutralidad que emana del carácter asimétrico existente en la naturaleza del mercado de trabajo. 

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