El gobierno intensifica su ataque contra el sindicalismo

El ministro del interior, Rogelio Frigerio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el titular del sistema de medios y contenidos, públicos Hernán Lombardi, fueron los encargados de abrir fuego contra los sindicalista y seguir la línea marcada por el presidente Mauricio Macri.

Lombardi, por ejemplo, sostuvo que “algunos sindicalistas siempre fueron parte de una mafia y otros no”, al referirse al paro nacional impulsado por la CGT. En tanto, lamentó que existan “sectores” de la oposición que “desde el primer día nos reservaron la salida del helicóptero”, en alusión a una salida anticipada del gobierno de Cambiemos que el propio Lombardi vivió como parte del Gobierno de la Alianza.

Bullrich, también parte del aquel Gobierno de la Alianza, sentenció que la medida de fuerza está “quebrada porque gran parte de la sociedad no la quiere” y que los cortes y bloqueos previstos para mañana por parte de organizaciones sociales y grupos de izquierda “son una forma de disimular eso, para que la gente no pueda llegar” a sus lugares de trabajo.

Ibarra, por su parte, prefirió seguir aferrado a la antigua comunicación del Gobierno y eligió resaltar el optimismo del Gobierno y la intención de continuar dialogando con todos los sectores del sindicalismo para “consensuar y buscar caminos”.

En tanto el referente sindical del PRO, Gerónimo Venegas, también cuestionó a la conducción de la CGT. “Los muchachos de la CGT están empecinados. Como hacen política a través de la CGT, están haciendo un paro sin salida”, señaló Venegas en un reportaje concedido al diario La Nación y agregó: “Los despidos pararon. Hay actividades que están mal y la CGT debería estar resolviendo esos problemas. Ellos se tienen que sentar en la mesa de negociación con el gobierno y los empresarios y buscar soluciones”.

Por su parte y sin hacer caso de las declaraciones de los funcionarios, uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, pronosticó que el paro nacional de actividades convocado para mañana tendrá una “alta adhesión” y dijo que “las fábricas van a estar vacías, no va a haber gente en las calles” lo que expresará un “malestar social” que la central obrera busca “poner en agenda”.

Consultado en radio Mitre por el efecto de los cortes de calles y accesos que realizarán mañana los movimientos sociales en adhesión al paro, Schmid los minimizó y sostuvo que “el piquete va a ser inocuo porque no va a haber transporte, las fábricas van a estar vacías, no va a haber gente en las calles”.

El también titular de la Confederación de Gremios del Transporte negó que la mayoría de la gente no quiera sumarse al paro y lo justificó a partir del relevamiento efectuado por la central obrera “no solo en la ciudad de Buenos Aires”, sino también en el conurbano bonaerense y en las provincias.

En tanto, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que el presidente Mauricio Macri “es el principal responsable” de la protesta por “no dar respuesta a los reclamos de los trabajadores y sí a los sectores concentrados de la economía”.

“A la hora de hacer cuentas, debería tener presente que si la medida representa 15.000 millones de pesos, las desgravaciones impositivas al agro y a las mineras que él estableció al inicio de su mandato, costaron 70.000 millones de pesos a la Argentina”, puntualizó.

Por su parte, luego de que una asamblea de la que participó más de un millar y medio de delegados y afiliados de la UTA ratificaran su participación en el paro, Roberto Fernández volvió a exponer su postura conciliadora.

“El Presidente tiene que entender la situación económica y la falta de trabajo, se tiene que sentar en una mesa con soluciones. Hoy todo es contraataque, y acá no hay que contraatacar sino ver la realidad”, postuló Fernández en declaraciones radiales.

En ese marco, instó hoy al Poder Ejecutivo a que “nos reunamos en una mesa todos, los empresarios, la Iglesia, la participación política, todos para buscar un proyecto nacional”, y se quejó porque, a su criterio, el gobierno “no acepta una crítica constructiva”.