Católicas por el Derecho a Decidir, denunció que el gobierno nacional presentó el rechazo formal a su inclusión en el listado de organizaciones argentinas en la Organización de Estados Americanos (OEA) por su postura respecto al aborto legal.

En el marco de la invitación que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo a Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) a la próxima Asamblea General, el gobierno efectuó una presentación formal ante el organismo manifestando que rechaza nuestra inclusión en el listado de organizaciones argentinas debido al posicionamiento favorable al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
“Si bien el Gobierno de Milei no tiene facultades para impedir la participación de una organización social argentina ante la OEA, entendemos que esa presentación constituye un ataque contra CDD por su carácter ‘feminista’ y ‘católica’, lo cual resulta de extrema gravedad institucional”, expresaron desde CDD.
El hecho, destacan desde CDD no es aislado si no que se inscribe en en un patrón de hostigamiento a las organizaciones que defendemos los derechos sexuales y (no) reproductivos.
“Recibimos la noticia de dicha presentación por la tarde del 4 de junio, mientras participábamos de la histórica concentración en la Plaza del Congreso, en el marco del movimiento Ni Una Menos, alzando nuestra voz contra la violencia de género y acompañando los reclamos de jubiladas y jubilados, personas trabajadoras de la salud pública, personas con discapacidad, entre otros sectores afectados por las políticas del actual gobierno nacional”, relataron las referentas de la organización feminista.
En las aclaraciones ante la OEA el gobierno indica que “expresamente se disocia de manera específica de la inclusión en el listado de organizaciones de origen argentino a la Asociación Civil por el Derecho a Decidir / Católicas por el Derecho a Decidir Argentina». Y “reafirma su compromiso con la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción”. Expresó además que solo deberían ser reconocidas por la OEA aquellas organizaciones que respeten esta interpretación del artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De ese modo, el gobierno argentino también desconoce la vigencia de la Ley nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610) y se involucra “en la actividad que desarrollamos las organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos consisten en la defensa de los DDHH, y que pretendemos seguir ejerciendo con absoluta libertad, como corresponde en un Estado de Derecho”, agrega Católicas por el Derecho a Decidir.
En su presentación, señala la organización, el gobierno argentino tergiversa ante la propia OEA la interpretación que hizo la Corte IDH en el Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica “donde sostiene ‘que la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras’, en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional…”
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina forma parte de una red presente en América Latina y el Caribe. “Promovemos y defendemos los derechos sexuales y reproductivos desde una mirada ética y católica, fundada en los principios de libertad de conciencia y respeto por la diversidad. Lo sucedido constituye un hecho que nos alerta, no sólo a quienes integramos la organización, sino a todo el movimiento en defensa de los derechos humanos, por su carácter de arbitrariedad, discrecionalidad y autoritarismo”, finalizaron.
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