La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia elaboró un informe en el que cuestiona la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional.
Es un trabajo que invita a reflexionar «en qué consiste la prórroga, cómo se ha aplicado en las últimas décadas y qué implicancias tuvo en la calidad de nuestra democracia que exhibe 41 años en forma ininterrumpida en nuestro país», explicó Alejandro Gaggero, sociólogo y miembro de ACIJ, en diálogo con Tiempo.
Siguió advirtiendo que la falta de acuerdo entre los legisladores en el Congreso de la Nación: «Es la primera vez desde el retorno de la democracia -10 de diciembre de 1983- que se produce una segunda prórroga en forma consecutiva».
Gaggero sostuvo que este mecanismo «debería ser excepcional, pero en el ejercicio del Gobierno Nacional se está convirtiendo en una práctica habitual porque está desplazando uno de los procesos deliberativos más importantes de la vida democrática: la discusión del presupuesto nacional».
Además, el doctor en ciencias sociales continuó explicando: «El presupuesto no es un simple instrumento técnico, sino la expresión más tangible de las prioridades políticas, económicas y sociales de cualquier Gobierno». Y, al aprobarlo, «se define qué actividades serán promovidas, qué problemas serán atendidos y qué sectores recibirán apoyo».
También aseguró que este proceso que describió no pertenece al Poder Ejecutivo. «Se trata de una construcción colectiva que involucra al Congreso de la Nación y se extiende a toda la ciudadanía. La Constitución Nacional Argentina otorga al Parlamento la atribución de fijar anualmente el presupuesto de la administración, con el objetivo de fortalecer la división de poderes. Y, de este modo, asegurar que el Poder Legislativo tenga un rol central sobre el manejo de los fondos públicos», aseveró el académico.
«Lo que está haciendo el gobierno nacional está mal. Porque las prórrogas deberían ser un recurso excepcional pero su aplicación se ha vuelto frecuente, se produjeron cuatro en los últimos quince años. Esta discrecionalidad se agrava en contextos de inflación, que exige continuas actualizaciones de los montos presupuestarios», explicó el académico.
En esta línea, cabe destacar que entre el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación en 2022 y actualidad, el 70% del crédito se amplió de manera discrecional mediante Decretos de Necesidad y Urgente y Decisiones Administrativas. No hubo debate en el Parlamento.
«Si los aumentos hubieran sido proporcionales a la inflación, se habría respetado la distribución original aprobada a finales de 2022. Sin embargo, al realizarse de forma discrecional, el Poder Ejecutivo Nacional determinó las asignaciones según sus propios criterios, sin debate legislativo», apuntó el sociólogo.
Y completó: «Es por eso, que la foto del presupuesto inicial para 2025 -producto de una doble prórroga- resulta muy diferente al último aprobado por el Congreso de la Nación que mencioné antes».
Cabe destacar que muchísimas políticas públicas se vieron afectadas por la falta de financiamiento adecuado. Porque no se ajustaron las partidas correspondientes para compensar el impacto exacerbado de la inflación. Y, se hizo así, sin que esto fuera objeto de debate en Parlamento.
«Programa Acompañar» tiene en términos reales, un 90% menos de recursos en comparación a lo que fue aprobado en 2023. El Programa de Prevención del Embarazo Adolescente (Plan ENIA) tuvo una pérdida del 80%; también la construcción y mejora edilicia de jardines infantiles fue del 80%, señala el informe.
«La discrecionalidad que permite la prórroga reduce los incentivos -sostuvo Gaggero- para que el Gobierno Nacional busque acuerdos en el Congreso de la Nación para la aprobación de un presupuesto».
Además, explicó que la exclusión del Poder Legislativo de la discusión «implica un obstáculo adicional para que las demandas de la sociedad civil puedan ser escuchadas». Y, de este modo, «el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con un amplio margen para moldear el presupuesto de acuerdo a sus propias prioridades de política económica», agregó.
El académico aseguró que para reducir los niveles de discrecionalidad es necesario modificar las normas que regulan bajo qué condiciones pueden interponer las prórrogas presupuestarias, y señaló tres aspectos: «Limitar el uso de los DNU para reasignar partidas».
«También agregar otras nuevas pautas que delimiten las condiciones bajo las cuales se permiten las prórrogas presupuestarias», apuntó Gaggero.
Y completó: «Hay que establecer mecanismos de actualización presupuestaria. Para que se establezcan prórrogas que aseguren una continuidad en las prioridades del último presupuesto que haya sido aprobado por el Congreso de la Nación».
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El 0rpble.a fue del,congreso, con primera minorías peronistas, o sea los legisladores fueron los que no acordaron. Acordar no es imponer, y si no se decide legislar, el ejecutivo debe prorrogar. Se la dejaron en bandeja los vagos